La situación de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid durante la pandemia de COVID-19 ha sido objeto de controversia y dolor para muchas familias. Recientemente, el Juzgado de Instrucción 3 de Madrid ha decidido reabrir una causa que había sido archivada, citando a declarar a dos altos cargos del Gobierno regional, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, quienes fueron responsables de la gestión de las residencias en los momentos más críticos de la crisis sanitaria. Esta decisión se produce tras una denuncia colectiva presentada por familiares de víctimas, que ha puesto de manifiesto la necesidad de esclarecer las decisiones tomadas en ese periodo.
La reactivación de esta causa judicial se basa en la denuncia de 109 familiares de personas fallecidas en residencias, quienes acusan a los altos cargos de la Comunidad de Madrid de haber cometido un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria. Este delito, contemplado en el artículo 511 del Código Penal, se refiere a la negativa a proporcionar atención médica adecuada a personas que la necesitan, lo que en este contexto ha tenido consecuencias devastadoras.
### Contexto de la Denuncia
Durante la primera ola de la pandemia, se implementaron protocolos de no derivación hospitalaria en las residencias de mayores, lo que significó que muchos ancianos no recibieron la atención médica necesaria. Carlos Mur, quien era el director general de coordinación sociosanitaria en marzo de 2020, fue el encargado de firmar estos protocolos. Por su parte, Francisco Javier Martínez Peromingo, quien asumió el cargo tras el cese de Mur, también tuvo un papel crucial en la gestión de 47 residencias en el área del Hospital de Móstoles.
La denuncia presentada en octubre de 2024 por los familiares de las víctimas fue coordinada por las asociaciones Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia. Estas organizaciones han trabajado incansablemente para que se haga justicia y se reconozca la responsabilidad de los altos cargos en la gestión de la crisis en las residencias. La reactivación de la causa ha sido recibida con esperanza por parte de los denunciantes, quienes consideran que es un paso importante hacia la verdad y la justicia.
### Implicaciones de la Reapertura del Caso
La decisión del Juzgado de Instrucción 3 de Madrid de reabrir la causa es significativa, ya que marca un cambio en la dirección de la investigación. Hasta ahora, varios juzgados habían decidido mantener el archivo de las denuncias, ignorando el criterio del Ministerio Público que había solicitado la reactivación de los casos. La nueva citación de Mur y Peromingo como investigados representa un avance en la búsqueda de responsabilidad penal y política por las decisiones tomadas durante la pandemia.
Las asociaciones que han impulsado esta denuncia han expresado su deseo de que no solo se responsabilice a Mur y Peromingo, sino que también se investigue la implicación de otros altos cargos, incluyendo al entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Las decisiones tomadas en ese momento tuvieron un impacto profundo en la vida de muchos residentes y sus familias, y es fundamental que se esclarezcan las responsabilidades.
Además de la denuncia colectiva, se han presentado otras querellas individuales por parte de familiares de residentes, lo que ha llevado a un total de 92 procedimientos relacionados con la denegación de asistencia sanitaria en las residencias. Algunos de estos casos ya han llegado a la Audiencia Provincial, lo que indica que la búsqueda de justicia está lejos de concluir.
Las asociaciones han llevado a cabo diversas actividades de homenaje y protesta en los últimos meses, coincidiendo con el quinto aniversario de la primera ola de la pandemia. Estas acciones buscan mantener viva la memoria de las víctimas y exigir que se haga justicia. También se ha estrenado un documental titulado ‘7.291’, que narra los acontecimientos ocurridos en marzo y abril de 2020, ofreciendo una perspectiva más profunda sobre la tragedia que vivieron muchas familias.
La reactivación de esta causa judicial es un recordatorio de que la lucha por la justicia y la verdad continúa. Las familias de las víctimas esperan que la investigación no solo arroje luz sobre lo ocurrido, sino que también conduzca a cambios en las políticas de atención a mayores en situaciones de crisis, para que tragedias como esta no se repitan en el futuro.