El caso del despacho fundado por Cristóbal Montoro, conocido como Equipo Económico, ha cobrado relevancia en los últimos años debido a las investigaciones que apuntan a irregularidades en sus operaciones. Entre 2008 y 2017, los cuatro socios del bufete se repartieron la asombrosa cifra de 22,8 millones de euros, según informes de las autoridades. Esta situación ha llevado a un análisis más profundo sobre las actividades del despacho y su relación con el Ministerio de Hacienda.
### La trayectoria de Equipo Económico
Cristóbal Montoro, quien fue Ministro de Hacienda durante los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, fundó el despacho Montoro y Asociados en 2006. Sin embargo, en 2008, el despacho cambió su nombre a Equipo Económico, y Montoro asegura haber dejado la firma en ese mismo año. A pesar de sus afirmaciones, las investigaciones sugieren que su desvinculación no fue tan clara como se había presentado. Los informes periciales indican que Montoro entregó un paquete de acciones a Ricardo Martínez Rico, quien se convirtió en el socio mayoritario del bufete. Esta transacción ha suscitado dudas sobre la transparencia de la operación y la verdadera naturaleza de la relación entre Montoro y su antiguo despacho.
Los datos revelan que Martínez Rico recibió 8,4 millones de euros entre 2008 y 2017, coincidiendo con los años en que el Partido Popular volvió a gobernar. Este hecho ha llevado a los investigadores a cuestionar si el despacho pudo haber influido en decisiones fiscales a favor de sus clientes, especialmente en el sector de los gases industriales, donde se sospecha que se buscaba acceso directo a Hacienda para obtener beneficios fiscales significativos.
### Estructura empresarial y ocultación de beneficios
El informe de los Mossos d’Esquadra también destaca la existencia de un entramado societario que podría haber sido utilizado para ocultar los beneficios generados por Equipo Económico. Las empresas vinculadas al despacho, como E conodos y Tutman Fiscalía, mostraron una disminución notable en sus cifras de negocio a partir de 2015, lo que ha llevado a los investigadores a cuestionar la salud financiera de estas entidades. A pesar de que hasta ese momento las empresas habían mostrado buenos resultados, la caída en sus ingresos coincide con un aumento en la atención mediática sobre Montoro y su relación con el despacho.
Los datos financieros revelan que la principal empresa investigada, Equipo Económico, dependía en más de un 90% de su facturación de la actividad del despacho. Sin embargo, a partir de 2015, la cifra de negocio comenzó a descender drásticamente, lo que ha llevado a los investigadores a preguntarse sobre el destino de los fondos generados por estas empresas. En particular, se ha señalado a la empresa Centro para la Reforma Económica y el Desarrollo Social, que tiene como único socio a Equipo Económico, lo que sugiere que su destino está intrínsecamente ligado al despacho.
La evolución de los fondos propios de estas empresas también ha sido motivo de análisis. Por ejemplo, en 2016, los fondos propios de Centro para la Reforma Económica cayeron de 62.708 euros a 5.404 euros, y no se dispone de datos para el año siguiente. En el caso de Tulman Fiscalía, los fondos propios disminuyeron de 731.785 euros en 2013 a -117.436 euros en 2017. Estas caídas en los activos han generado sospechas sobre la gestión financiera del despacho y su capacidad para mantener una estructura empresarial viable.
La situación se complica aún más al observar que otras empresas vinculadas, como Plataforma de Soluciones Jurídicas, también experimentaron descensos en sus fondos propios, aunque en menor medida. Esto plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de estas entidades y su relación con el despacho de Montoro.
La investigación en curso no solo pone en tela de juicio la ética de las operaciones de Equipo Económico, sino que también plantea serias dudas sobre la integridad de las decisiones fiscales tomadas durante el mandato de Montoro como Ministro de Hacienda. A medida que se revelan más detalles sobre las transacciones y la estructura empresarial del despacho, la atención pública y mediática sobre este caso seguirá creciendo, lo que podría tener repercusiones significativas en el ámbito político y empresarial en España.