El Juzgado de Instrucción número 1 de Coín ha convocado al jefe de la Policía Local de Alhaurín el Grande para que declare como investigado en relación a una supuesta agresión y detención ilegal de un joven de 26 años, quien es hijo del exjefe de este cuerpo de seguridad. La citación se produce en un contexto de creciente atención sobre la conducta de los agentes de la ley, especialmente en situaciones que involucran a sus propios colegas.
Los hechos se remontan al 24 de diciembre, cuando el joven se encontraba con un grupo de amigos cerca de una estación de servicio. Según su relato, un vehículo Audi que acababa de repostar aceleró repentinamente, obligándolos a apartarse para evitar un accidente. Al percatarse de la imprudencia del conductor, el joven le recriminó su comportamiento, momento en el cual se dio cuenta de que el conductor era el jefe de la Policía Local, quien se encontraba fuera de servicio.
Tras el intercambio verbal, el joven decidió alejarse y pidió a sus amigos que se marcharan. Sin embargo, el jefe policial se acercó nuevamente y, según el denunciante, lo insultó y le propinó un golpe, aunque el joven no pudo precisar si fue una bofetada o un puñetazo. Posteriormente, una unidad de la Policía Local llegó al lugar y condujo al joven a la jefatura para su identificación.
El denunciante sostiene que, al ser identificado como el hijo del oficial Ortega, no debería haber sido llevado a la comisaría, ya que no había cometido ningún delito ni infracción administrativa. En su denuncia, argumenta que fue sometido a una detención ilegal, ya que los agentes pudieron haberlo identificado en el lugar sin necesidad de trasladarlo a dependencias policiales.
La situación ha generado un gran revuelo en la comunidad local, especialmente considerando que el implicado es un alto mando de la policía. La falta de una declaración oficial por parte del jefe de Policía ha dejado a la opinión pública con muchas preguntas sobre el manejo de la situación y la conducta de los agentes involucrados.
El juez ha tomado medidas para continuar con la investigación, aunque ha denegado la solicitud de una orden de alejamiento presentada por el denunciante. Esto ha suscitado críticas sobre la protección que se brinda a los ciudadanos en situaciones donde la autoridad puede estar involucrada en actos de violencia.
Este caso pone de relieve la importancia de la rendición de cuentas dentro de las fuerzas de seguridad y la necesidad de garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su relación con la policía, sean tratados con justicia y respeto. La comunidad espera que la investigación arroje luz sobre los hechos y que se tomen las medidas adecuadas para abordar cualquier conducta inapropiada por parte de los agentes de la ley.