Un nuevo capítulo se abre en la investigación que involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. El juez Juan Carlos Peinado ha convocado a varios empresarios como testigos para este jueves, en relación con proyectos vinculados a la cátedra que Gómez dirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Esta citación se produce tras la revelación de que la universidad no tenía conocimiento de estos proyectos, lo que ha suscitado interrogantes sobre la gestión y transparencia en la institución.
La cátedra de Transformación Social Competitiva, que fue objeto de atención mediática, ha sido señalada en un informe elaborado por una consultora tecnológica. Este documento indica que existen dos proyectos que generan un coste mensual, pero la UCM ha declarado que no tiene constancia de ningún trámite relacionado con ellos. La universidad ha manifestado su intención de colaborar plenamente con la justicia, enviando la documentación pertinente al juzgado.
### Contexto de la Investigación
La investigación contra Begoña Gómez comenzó en abril de 2024, a raíz de una denuncia presentada por la organización Manos Limpias. En esta denuncia se acusaba a Gómez de utilizar su posición para influir en licitaciones públicas, recomendando a empresarios como Juan Carlos Barrabés. Desde entonces, el caso ha ido evolucionando, con nuevas ramas de investigación que han surgido a partir de querellas presentadas por otros grupos políticos, como Hazte Oír y Vox.
El juez Peinado ha ido ampliando el alcance de la investigación, que ahora incluye a cuatro personas: Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, y el empresario Juan Carlos Barrabés. Las líneas de investigación abarcan desde el presunto tráfico de influencias hasta la gestión de la cátedra y la posible apropiación indebida de recursos relacionados con ella.
La UCM ha indicado que, tras una revisión técnica, se han encontrado estos dos proyectos entre un vasto listado de más de 9,800 proyectos almacenados en la nube, muchos de los cuales podrían haber sido creados por estudiantes o personal investigador. Sin embargo, la universidad ha subrayado que no ha podido acceder a los detalles de los proyectos mencionados y que no hay registros que indiquen que se notificó o registró su alta.
### Implicaciones para la Universidad y la Administración Pública
La situación plantea serias preguntas sobre la gestión de la UCM y su capacidad para supervisar proyectos asociados a cátedras y programas de investigación. La falta de conocimiento sobre estos proyectos por parte de la universidad podría sugerir deficiencias en los procesos de control interno, lo que podría tener repercusiones en la confianza pública hacia la institución.
Además, la investigación pone de relieve la necesidad de una mayor transparencia en la administración pública, especialmente en lo que respecta a la utilización de recursos y la influencia que pueden tener personas en posiciones de poder. La citación de los empresarios como testigos podría arrojar luz sobre la naturaleza de los proyectos y la relación entre la cátedra y los intereses empresariales.
La UCM ha manifestado su compromiso de colaborar con la justicia y ha asegurado que está llevando a cabo todas las acciones necesarias para esclarecer la situación. Sin embargo, el hecho de que se hayan encontrado proyectos sin el conocimiento de la universidad plantea interrogantes sobre la gobernanza y la rendición de cuentas en las instituciones académicas.
A medida que avanza la investigación, se espera que se revelen más detalles sobre la naturaleza de los proyectos y la implicación de los involucrados. La comunidad académica y la sociedad en general están atentas a los desarrollos de este caso, que podría tener un impacto significativo en la percepción pública de la administración pública y la educación superior en España.