La asociación Liberum ha solicitado a la juez Nuria Ruiz Tobarra que investigue si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó al Consejo de Seguridad Nacional durante la crisis provocada por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que afectó a varias regiones de España. Este requerimiento se enmarca dentro de las diligencias previas del caso y busca esclarecer la respuesta del Gobierno ante la devastadora riada que tuvo lugar en noviembre.
Liberum ha dirigido un escrito a la magistrada en el que pide que se certifique la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional y, en caso afirmativo, que se obtengan todas las comunicaciones entre la Presidencia del Gobierno y el Consejo. La asociación argumenta que esta información es crucial para entender cómo se gestionó la crisis y si se tomaron las medidas adecuadas para mitigar sus efectos.
La Ley de 36/2015 de Seguridad Nacional establece claramente las funciones del Consejo en situaciones de crisis. En particular, el artículo 25 detalla que el presidente debe convocar al Consejo para coordinar la gestión de situaciones que puedan afectar la seguridad nacional. Este artículo también menciona que el Consejo debe asesorar al presidente en la aplicación de medidas excepcionales, lo que añade un nivel de responsabilidad al Gobierno en la gestión de emergencias.
Liberum ha hecho hincapié en la necesidad de que la juez no solo se dirija a la Presidencia del Gobierno, sino también al propio Consejo de Seguridad Nacional para obtener una respuesta clara sobre la convocatoria. La asociación ha planteado preguntas fundamentales sobre si se redactó algún informe o dictamen en relación con la DANA, lo que podría arrojar luz sobre la preparación y respuesta del Gobierno ante la crisis.
El contexto de esta solicitud es relevante, ya que se ha informado que la Seguridad Nacional alertó a Pedro Sánchez y a su gabinete sobre la inminente crisis 12 horas antes de que se desencadenara la catástrofe. En ese momento, el comité de crisis se reunió bajo la presidencia de la vicepresidenta María Jesús Montero, mientras que Sánchez se encontraba en un viaje oficial en la India. Esta situación ha generado críticas sobre la eficacia de la gestión del Gobierno en momentos críticos.
La DANA provocó inundaciones severas y daños significativos en varias comunidades, lo que ha llevado a un escrutinio público sobre la preparación y respuesta del Gobierno ante desastres naturales. La falta de claridad sobre si se activaron los protocolos adecuados y si se tomaron decisiones informadas en tiempo real ha alimentado el debate sobre la responsabilidad del Ejecutivo en la gestión de crisis.
La solicitud de Liberum también se enmarca en un contexto más amplio de preocupación por la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de emergencias. La ciudadanía exige respuestas sobre cómo se manejan las crisis y qué medidas se implementan para proteger a la población. En este sentido, la investigación podría tener implicaciones significativas para la confianza pública en las instituciones y en la capacidad del Gobierno para gestionar situaciones de emergencia.
La juez Ruiz Tobarra deberá decidir si procede con la solicitud de Liberum y si se emiten las comunicaciones requeridas. La respuesta a estas preguntas no solo es crucial para el caso de la DANA, sino que también podría sentar un precedente sobre cómo se gestionan las crisis en el futuro y la responsabilidad del Gobierno en la protección de sus ciudadanos ante desastres naturales.