La situación de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia de Covid-19 ha vuelto a estar en el centro de la atención pública. Recientemente, se han abierto nuevas causas judiciales que buscan esclarecer las responsabilidades en los fallecimientos ocurridos en estos centros. Tres ex altos cargos del Gobierno regional han sido citados como investigados, lo que ha generado un renovado interés y preocupación entre las familias de las víctimas y la sociedad en general.
**Causas judiciales y citaciones de ex altos cargos**
La Comunidad de Madrid enfrenta una segunda causa en el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés, donde tres ex altos cargos han sido llamados a declarar. Carlos Mur, Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca son los nombres que resuenan en este contexto, todos ellos vinculados a la gestión de las residencias durante la crisis sanitaria. Se les acusa de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria, un delito que ha sido objeto de múltiples denuncias desde el inicio de la pandemia.
Carlos Mur, quien era director general de coordinación sociosanitaria, firmó los protocolos que prohibían la derivación hospitalaria de residentes enfermos. Javier Martínez Peromingo, por su parte, supervisaba 47 residencias y asumió el cargo de Mur tras su destitución. Pablo Busca, director gerente del Summa 112, tuvo un papel crucial en la gestión de ambulancias durante la crisis. Las decisiones tomadas por estos funcionarios han sido objeto de críticas y cuestionamientos, especialmente por las familias que perdieron a sus seres queridos en las residencias.
El hecho de que estas citaciones se produzcan en un contexto donde ya han sido archivadas más de 60 causas relacionadas con el mismo tema añade una capa de complejidad al asunto. Las asociaciones de familiares de víctimas han manifestado su descontento con la falta de avances en la justicia y han exigido que se depuren responsabilidades. La reactivación de estas causas judiciales ha sido vista como una luz de esperanza para quienes buscan justicia.
**Testimonios clave y la voz de las familias**
El 3 de junio, además de los ex altos cargos, se espera la comparecencia de Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales, quien ha sido un crítico abierto de los protocolos implementados durante la pandemia. Reyero ha expresado su preocupación por la falta de atención a las necesidades de los residentes y ha denunciado que sus advertencias no fueron escuchadas en su momento. Su testimonio podría ser fundamental para entender la dinámica de decisiones que llevaron a la crisis en las residencias.
Las familias de las víctimas han estado organizando actos de homenaje y protestas para mantener viva la memoria de sus seres queridos y exigir justicia. La presidenta de la asociación 7.291: Verdad y Justicia, María Jesús Valero, ha declarado que estas citaciones son un paso importante hacia la verdad y la justicia. Valero ha instado a que no haya presiones sobre los testigos y ha enfatizado la necesidad de que se esclarezcan los hechos.
El contexto de estas investigaciones es particularmente sensible, dado que se cumplen cinco años de la primera ola de la pandemia. Las asociaciones han utilizado este aniversario para recordar a las víctimas y para exigir que se tomen medidas concretas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. La producción de un documental titulado ‘7.291’ ha sido una de las iniciativas para visibilizar lo ocurrido y dar voz a quienes sufrieron las consecuencias de la gestión de la pandemia en las residencias.
La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha defendido su actuación, argumentando que ha sido avalada por diversas sociedades médicas. Sin embargo, el hecho de que existan tantas causas judiciales y que muchas de ellas hayan sido archivadas genera un clima de desconfianza entre las familias y la opinión pública. La falta de claridad y la percepción de impunidad han alimentado la indignación y la demanda de justicia.
En este contexto, las próximas semanas serán cruciales para el desarrollo de las investigaciones y para la búsqueda de respuestas que satisfagan a las familias afectadas. La presión social y el clamor por justicia continúan creciendo, mientras se espera que los testimonios de los implicados arrojen luz sobre una de las etapas más oscuras de la gestión de la pandemia en España.