Un grupo de juristas españoles ha emitido un contundente comunicado en el que denuncian lo que consideran un «genocidio» por parte de Israel en Gaza. Este pronunciamiento se produce en un contexto de creciente preocupación por la situación humanitaria en la región y la aparente inacción de la comunidad internacional. Los firmantes, que incluyen a destacados catedráticos de Derecho Penal y ex altos funcionarios judiciales, instan a España y a la Unión Europea a tomar medidas concretas para abordar lo que califican de «crímenes de guerra» y «delitos de lesa humanidad».
La declaración, que ha sido respaldada por más de un centenar de juristas, critica la «pasividad predominante» de la comunidad internacional, señalando específicamente el papel de Estados Unidos y la UE en el conflicto. Los juristas argumentan que el apoyo económico y militar de Estados Unidos a Israel, así como la «equidistancia» de la UE, han contribuido a la perpetuación de la violencia y la injusticia en Gaza. En este sentido, el comunicado exige que España y los demás países de la UE se personifiquen en los procesos penales internacionales contra Israel y que se rompan todas las relaciones comerciales y diplomáticas con el Estado hebreo.
### Demandas de Acción Internacional
Entre las demandas más destacadas del Grupo de Estudios de Política Criminal (GEPC) se encuentra la necesidad de que los Veintisiete adopten medidas activas para abordar la crisis. Esto incluye la personificación en procesos penales internacionales y la promoción de investigaciones sobre los presuntos crímenes cometidos por Israel. Además, los juristas piden que se aplique el principio de jurisdicción universal, lo que permitiría a los tribunales españoles juzgar a los responsables de estos delitos, independientemente de su nacionalidad.
El comunicado también hace hincapié en la necesidad de prohibir los intercambios comerciales con Israel, especialmente en lo que respecta al suministro militar. Esta medida, según los juristas, podría contribuir a generar un cambio en la política israelí y favorecer una solución pacífica al conflicto. La ruptura total de las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel es vista como un paso necesario para presionar al gobierno de Benjamin Netanyahu a reconsiderar sus acciones en Gaza.
Los juristas subrayan que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar con decisión y no permitir que la historia de complicidad y silencio se repita. En su comunicado, se hace un llamado a rechazar las propuestas de Estados Unidos que, según ellos, legitiman las políticas de hechos consumados de Israel. La historia del exterminio y genocidio del pueblo judío, argumentan, no debe ser utilizada como excusa para la inacción actual frente a las violaciones de derechos humanos.
### Contexto del Conflicto en Gaza
La situación en Gaza ha sido objeto de atención internacional debido a la escalada de violencia y las condiciones humanitarias críticas que enfrentan sus habitantes. Desde el inicio del conflicto, miles de civiles han perdido la vida y muchos más han sido desplazados. La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la situación, pero las respuestas han sido variadas y, en muchos casos, insuficientes.
El conflicto entre Israel y Palestina tiene raíces profundas y complejas, que se remontan a décadas de disputas territoriales, políticas y religiosas. La Franja de Gaza, un territorio pequeño y densamente poblado, ha sido el escenario de múltiples enfrentamientos y bloqueos, lo que ha llevado a una crisis humanitaria sin precedentes. Las organizaciones de derechos humanos han documentado numerosos casos de violaciones a los derechos humanos, lo que ha llevado a llamados a la acción desde diversas partes del mundo.
El papel de España y la UE en este contexto es crucial. Como miembros de la comunidad internacional, tienen la capacidad de influir en la política israelí y en la búsqueda de una solución pacífica al conflicto. Sin embargo, la falta de acciones concretas y la percepción de complicidad han llevado a un creciente descontento entre los ciudadanos y las organizaciones que abogan por los derechos humanos.
El pronunciamiento de los juristas españoles es un reflejo de este descontento y un intento de movilizar a la sociedad civil y a los gobiernos para que actúen en defensa de los derechos humanos y la justicia internacional. La comunidad internacional debe escuchar estas voces y actuar con urgencia para poner fin a la violencia y buscar una solución duradera que garantice la paz y la dignidad para todos los pueblos de la región.