El Tribunal Supremo de España ha ratificado la absolución de un hombre diagnosticado con un trastorno de personalidad límite, quien fue acusado de intentar asesinar a un médico que acudió a su hogar tras una llamada de emergencia. Este caso ha suscitado un intenso debate sobre la responsabilidad penal en situaciones de intoxicación y la interpretación de la ley en relación con los delitos cometidos bajo la influencia de drogas y alcohol.
La sentencia del alto tribunal se basa en la consideración de que el acusado se encontraba en un estado de «intoxicación plena» debido al consumo de alcohol y drogas en el momento del ataque. Los magistrados argumentaron que, dado este estado, no se podía modificar la absolución inicial, ya que el acusado no tenía la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Sin embargo, esta decisión no fue unánime, ya que dos de los cinco magistrados presentaron un voto particular en desacuerdo, lo que pone de manifiesto la complejidad y la controversia que rodea a este caso.
### Los Hechos del Caso
Los eventos que llevaron a la acusación se desarrollaron en una madrugada de junio de 2018. El acusado, tras haber consumido una cantidad indeterminada de alcohol y otras sustancias, agredió a su padre. La madre, alarmada por la situación de «extrema agresividad» de su hijo, llamó al 112 para solicitar ayuda. Cuando el médico y la enfermera llegaron a la vivienda, el acusado salió de manera violenta, portando un palo de grandes dimensiones, y atacó al médico, golpeándolo repetidamente en la cabeza con la intención de acabar con su vida.
El ataque dejó al médico inconsciente y con lesiones graves, incluyendo un traumatismo craneoencefálico y múltiples fracturas. El acusado continuó su agresión, amenazando a su madre y a los agentes de la Guardia Civil que llegaron posteriormente, incluso utilizando un cuchillo para amenazar a los funcionarios. Finalmente, fue reducido por los agentes tras una intensa confrontación.
### La Decisión del Tribunal Supremo
La Audiencia Provincial de Toledo absolvió al acusado del intento de asesinato, aplicando la eximente de responsabilidad criminal por intoxicación plena. Sin embargo, le impuso una condena de internamiento en un centro de deshabituación por un máximo de 15 años y le obligó a indemnizar al médico con 800,000 euros. Esta decisión fue apelada por el médico, el Colegio de Médicos de Toledo y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, quienes argumentaron que se había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y que no se debió aplicar la eximente de responsabilidad.
El Tribunal Supremo, al revisar el caso, confirmó la absolución del acusado, argumentando que no se podía considerar un delito de atentado contra un funcionario público, ya que el acusado no era consciente de que la víctima era un médico. Los magistrados señalaron que la intoxicación del acusado era tan severa que le impedía discernir la situación, lo que justificaba la aplicación de la eximente completa.
Además, el tribunal destacó que los informes médicos y forenses indicaban que el acusado podría haber estado sufriendo episodios psicóticos, lo que complicaba aún más la cuestión de su responsabilidad penal. La decisión del Supremo ha generado un debate sobre la interpretación de la ley en casos de intoxicación y la protección de los profesionales de la salud que se encuentran en situaciones de riesgo al atender emergencias.
El voto particular de los magistrados disidentes subraya la tensión existente en la interpretación de la ley y la necesidad de un enfoque más claro en la responsabilidad penal en situaciones de intoxicación. Argumentaron que el Supremo debería haber anulado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y devolver el caso para una nueva resolución que abordara adecuadamente los recursos presentados.
Este caso pone de relieve la complejidad de los problemas legales que surgen en situaciones de violencia y la necesidad de un equilibrio entre la protección de los derechos de los acusados y la seguridad de los profesionales que trabajan en el ámbito de la salud y la seguridad pública. La decisión del Tribunal Supremo no solo afecta a las partes involucradas, sino que también tiene implicaciones más amplias para el sistema judicial y la forma en que se manejan los casos de agresión en el contexto de la intoxicación.
La discusión sobre la responsabilidad penal en casos de intoxicación y la protección de los profesionales de la salud es un tema que seguirá siendo relevante en el ámbito jurídico y social. La forma en que se aborden estos casos en el futuro podría influir en la manera en que se perciben y se manejan situaciones similares, así como en la legislación relacionada con la violencia y la intoxicación en España.