La crisis de vivienda en España ha alcanzado niveles alarmantes, y uno de los aspectos más preocupantes es la drástica disminución de las Viviendas de Protección Oficial (VPO). A medida que los precios de los alquileres se disparan y la demanda de vivienda asequible crece, el acceso a estas viviendas se convierte en un desafío casi insuperable para muchas familias. Este artículo explora las razones detrás de la desaparición de las VPO y el impacto que esto tiene en la sociedad española.
La situación actual del mercado de la vivienda en España es desalentadora. En un país donde el alquiler ha aumentado un 11,5% en 2024, y el coste medio alcanza los 13,5 euros por metro cuadrado, la necesidad de viviendas asequibles es más urgente que nunca. Sin embargo, la oferta de VPO ha caído en picado. En 1995, se pusieron a disposición 71.141 viviendas protegidas, mientras que en 2024 solo se lanzaron al mercado 14.371, lo que representa una disminución del 80% en tres décadas. Esta tendencia no solo afecta a las familias que buscan un hogar, sino que también contribuye a una crisis habitacional sin precedentes en todo el país.
### La Historia de las VPO en España
Las Viviendas de Protección Oficial fueron una solución habitacional popular en España durante las décadas de 1980 y 1990. En esos años, el gobierno español impulsó la construcción de miles de viviendas a precios asequibles, lo que permitió a muchas familias acceder a un hogar propio. Sin embargo, con el paso del tiempo, el modelo comenzó a desmoronarse. La falta de inversión pública y el cambio en las políticas habitacionales han llevado a una reducción drástica en la construcción de nuevas VPO.
Yolanda, una residente de Sitges, comparte su experiencia: «Mis padres vivían en un piso de protección en Barcelona, que pudieron comprar a muy buen precio». Esta afirmación refleja la realidad de miles de españoles que crecieron en viviendas protegidas. Sin embargo, hoy en día, el acceso a este tipo de vivienda se ha vuelto casi una quimera. En 2023, más de 447.000 españoles estaban inscritos en registros de demandantes de vivienda protegida, pero solo se lanzaron 8.847 VPO al mercado, lo que equivale a una vivienda por cada 50 solicitantes.
La situación es aún más crítica en Cataluña, donde el 1% de la población estaba inscrita como demandante de vivienda protegida en 2023. Sin embargo, solo se pusieron 400 VPO a disposición en esa comunidad. Esta disparidad entre la oferta y la demanda ha llevado a un aumento en los precios de la vivienda y ha dejado a muchas familias sin opciones asequibles.
### La Descalificación de las VPO y sus Consecuencias
Una de las características más preocupantes de las VPO es que están protegidas solo por un período determinado, que varía entre 10 y 30 años, dependiendo de la administración competente. Una vez que se alcanza el límite de tiempo, estas viviendas dejan de estar sujetas a precios topados y pueden ser vendidas o alquiladas al precio del mercado. Este fenómeno ha llevado a una reducción del parque de viviendas asequibles, ya que muchas VPO están en proceso de descalificación.
Yolanda y otras 67 familias en Cataluña han iniciado una huelga de alquileres para instar a la Generalitat a adquirir sus casas y extenderles la condición de protegidas. «Lo que estamos pidiendo es algo coherente: que lo que empezó siendo público sea público para siempre», afirma Yolanda. Esta situación refleja la desesperación de muchas familias que se ven amenazadas por la posibilidad de perder su hogar.
Teo, un vecino de 70 años, comparte una historia similar. «Cuando te dan una solución que puedes pagar medianamente sin tener que dejar de comer, te ilusionas mucho». Sin embargo, la realidad actual es que el acceso a viviendas protegidas se ha vuelto cada vez más difícil. La falta de nuevas construcciones y la descalificación de las existentes están creando un vacío en el mercado de la vivienda, dejando a muchas familias sin opciones.
### La Falta de Inversión Pública
A pesar de los anuncios de los líderes políticos sobre la construcción de nuevas VPO, la realidad es que España no está invirtiendo lo suficiente en protección social inmobiliaria. Según un estudio del Observatorio de Vivienda y Suelo, entre 2007 y 2021, las administraciones nacionales destinaron de media solo 34 euros al año por habitante a la protección social de la vivienda. En comparación, Alemania invirtió 209 euros por persona y Francia 274 euros.
Aunque las licencias de vivienda protegida han crecido bajo el mandato actual, la cifra sigue siendo insuficiente en el contexto de emergencia habitacional. La falta de inversión pública está provocando que las VPO se alejen cada vez más de su razón de ser: ser una opción asequible para la clase trabajadora. Según el Sindicato de Inquilinos, el modelo ha fracasado porque no ayuda a crear un verdadero parque de vivienda social.
Teo, que paga 650 euros al mes por su vivienda, señala que este alquiler representa el 60% de sus ingresos. Cuando se mudó a su VPO en 2012, el alquiler era de menos de 350 euros. La situación de Yolanda es igualmente preocupante, ya que le han retirado el contrato de su vivienda protegida debido a que no cumple con los requisitos de renta mínima. Sin embargo, sigue viviendo allí, pagando el alquiler sin contrato.
La situación se complica aún más cuando se considera que el valor de las VPO ha aumentado en los últimos años. En 2005, el valor tasado medio de las VPO era de 912,6 euros por metro cuadrado, mientras que en 2025 ha alcanzado los 1.170,2 euros, un aumento del 28%. Esto significa que, a pesar de ser viviendas protegidas, su precio está aumentando más rápidamente que el de la vivienda libre, lo que las convierte en una opción cada vez menos asequible.
### La Realidad del Alquiler en España
La crisis de vivienda en España no solo se limita a la falta de VPO, sino que también se refleja en el mercado de alquiler. Según la Estadística Continua de Población del INE, solo el 3,4% de los hogares en España se ofrecen en un régimen de alquiler social, en comparación con más del 15% en países como Suecia, Francia y Dinamarca. Esta disparidad pone de manifiesto la falta de opciones asequibles para la clase trabajadora en España.
La situación es aún más crítica en áreas costeras como Sitges, donde el auge del turismo ha llevado a un aumento en la conversión de viviendas en alquileres vacacionales. Esto ha reducido aún más la disponibilidad de viviendas para residentes permanentes. En un portal de alquileres vacacionales, se pueden encontrar más de 500 ofertas en Sitges, mientras que en un portal de anuncios de viviendas para residir, solo hay 218 resultados. Esta tendencia está desplazando a los residentes locales y exacerbando la crisis de vivienda.
La falta de opciones asequibles y la creciente presión del mercado están llevando a muchas familias a la desesperación. Yolanda se pregunta: «¿Dónde nos metemos, la clase trabajadora?». La respuesta es cada vez más clara: en un mercado que no ofrece soluciones, muchas familias se ven obligadas a abandonar sus hogares y buscar alternativas en áreas menos deseables, lo que agrava aún más el problema de la despoblación en ciertas regiones de España.