La economía sumergida en Extremadura representa un desafío significativo para la región, alcanzando el 18% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que equivale a aproximadamente 4.120 millones de euros. Este fenómeno, que incluye todas las actividades económicas no registradas por la autoridad fiscal, se ha convertido en un tema de preocupación tanto para las autoridades como para los sindicatos y empresarios locales.
La economía sumergida se define como aquellas actividades que no son reportadas a la Agencia Tributaria, lo que implica que el dinero generado no se contabiliza en el PIB. Esta situación no solo afecta a la recaudación fiscal, sino que también crea un entorno de competencia desleal entre empresas que cumplen con las normativas y aquellas que operan al margen de la ley. La evasión fiscal, que incluye el incumplimiento de las obligaciones tributarias, es una de las principales motivaciones detrás de la economía sumergida.
Según un informe del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia, Extremadura se posiciona como la tercera comunidad autónoma con mayor tasa de economía sumergida, solo superada por Canarias y Andalucía. En 2022, la economía sumergida en Extremadura se situó en un 17,8%, apenas una décima por debajo de las mencionadas comunidades. Este dato refleja una tendencia preocupante, ya que la región ha mantenido altos niveles de economía sumergida en comparación con el resto del país.
Los sectores más afectados por esta práctica son la agricultura, los servicios domésticos y la hostelería. En particular, la agricultura se destaca como el sector con mayor incidencia de economía sumergida, seguido de cerca por los servicios relacionados con el hogar y la hostelería. En contraste, las ramas industriales, el transporte y el comercio presentan tasas de irregularidad significativamente más bajas.
A nivel nacional, la economía sumergida se situó en un 15,8% del PIB en 2022, lo que representa 212.900 millones de euros. Esta cifra es inferior al 17,7% registrado en la Unión Europea, lo que sugiere que España ha logrado reducir su economía sumergida en comparación con años anteriores. Sin embargo, la reducción no ha sido uniforme, ya que en 2020, durante la pandemia, la tasa se elevó al 17,4%.
Los sindicatos han expresado su preocupación por el impacto de la economía sumergida en la precariedad laboral. Francisco Jiménez, secretario de Formación, Empleo y Acción Sindical de CCOO de Extremadura, señala que esta situación no solo afecta a los trabajadores, sino que también limita su acceso a prestaciones sociales como el desempleo y las pensiones. La falta de regulación y control en el mercado laboral genera inseguridad y precariedad, afectando tanto a los empleados como a las empresas que cumplen con la ley.
Desde el punto de vista empresarial, Pedro Rosado, secretario general de la Federación Empresarial Cacereña, destaca que la economía sumergida en la región tiene particularidades que la diferencian del resto de España. La alta dependencia de subsidios y prestaciones sociales ha llevado a muchos trabajadores a preferir no ser dados de alta en la Seguridad Social, lo que perpetúa el ciclo de la economía sumergida. Esta situación se ve agravada por la falta de control sobre la disponibilidad real de los trabajadores, lo que dificulta la contratación legal.
La falta de recursos en la inspección de trabajo también se ha señalado como un factor que contribuye a la persistencia de la economía sumergida. Los sindicatos han pedido un aumento en el número de inspectores y una mayor presencia en el campo, especialmente durante las campañas agrícolas, donde se producen muchas irregularidades.
Por otro lado, la percepción de la economía sumergida como un problema que afecta a la competitividad de las empresas ha llevado a un llamado a la acción por parte de los empresarios. Rosado argumenta que el control horario y la regulación adecuada son esenciales para combatir esta práctica, y que la administración debe salir a la calle para realizar inspecciones efectivas.
En resumen, la economía sumergida en Extremadura es un fenómeno complejo que requiere un enfoque multidimensional para su solución. La colaboración entre sindicatos, empresarios y administraciones públicas es fundamental para abordar las causas subyacentes y promover un entorno laboral más justo y regulado.