La ex consellera de Justicia e Interior de la Comunidad Valenciana, Salomé Pradas, ha realizado declaraciones impactantes ante la magistrada que investiga la gestión de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que afectó a Valencia el pasado otoño. En su testimonio, Pradas ha señalado a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) como responsables de la falta de alertas adecuadas durante la crisis, lo que contribuyó a la magnitud de la tragedia.
Pradas ha descrito cómo la CHJ no emitió alertas oportunas sobre el desbordamiento del barranco del Poyo, a pesar de ser parte del grupo de seguimiento del riesgo. Según su declaración, un correo electrónico que advertía sobre la crecida del barranco llegó a una cuenta general del 112 a las 18:43 horas, momento en el que la riada ya había ocurrido. Este mensaje contenía múltiples alertas de caudal, pero no fue comunicado verbalmente en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI).
La ex consellera también relató que la CHJ no informó sobre el desbordamiento del río Magro en Utiel hasta que el alcalde de la localidad se lo comunicó. En cuanto a la presa de Forata, Pradas expuso una serie de alertas contradictorias que generaron confusión, lo que podría haber agravado la situación.
Uno de los puntos más críticos de su declaración fue la afirmación de que la AEMET había fallado estrepitosamente en sus pronósticos. Mientras que la agencia había previsto precipitaciones de entre 150 y 180 litros, en algunas áreas se registraron hasta 800 litros. Pradas enfatizó que nunca recibieron un aviso sobre la posibilidad de tales cantidades de lluvia.
Además, la ex consellera cuestionó el concepto de «mando único» en la gestión de emergencias, argumentando que este término fue eliminado por la Ley 17/2015 de Protección Civil. Según Pradas, la dirección de la respuesta a emergencias debe ser colegiada y coordinada, involucrando a representantes de la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma.
Pradas no escatimó en críticas hacia el Gobierno central, recordando que este podía activar el nivel 3 de emergencia sin necesidad de que lo solicitara la comunidad autónoma. También mencionó que la directora general de Protección Civil del Gobierno no se comunicó con ella durante la crisis y que, curiosamente, se encontraba en Brasil en ese momento.
En relación al sistema de alertas ES-Alert, Pradas defendió su uso, asegurando que no fue tardío ni erróneo, y que se envió en el momento adecuado para advertir sobre la posible rotura de la presa de Forata. Sin embargo, criticó que el Gobierno no propuso utilizar este sistema a nivel nacional.
Finalmente, Pradas hizo hincapié en la falta de inversiones en infraestructuras como un factor determinante en la magnitud de la catástrofe. Afirmó que si se hubieran ejecutado las obras necesarias en los barrancos afectados, el impacto de las inundaciones podría haberse minimizado. Su declaración ha puesto en tela de juicio la gestión de la crisis y ha abierto un debate sobre la responsabilidad de las autoridades en la prevención de desastres naturales.