La reciente promulgación de la ley de amnistía por parte de la presidenta interina de Perú, Dina Boluarte, ha generado un intenso debate tanto a nivel nacional como internacional. Esta ley, que favorece a policías y militares involucrados en delitos de lesa humanidad cometidos entre 1980 y 2000, ha sido recibida con un fuerte rechazo por parte de diversas organizaciones de derechos humanos y ha suscitado preocupaciones sobre el futuro de la justicia en el país.
La aprobación de esta ley, que se dio el pasado 9 de julio, se enmarca en un contexto político complejo. Boluarte, quien asumió la presidencia tras la destitución de Pedro Castillo, cuenta con un respaldo del Congreso que le permite mantenerse en el poder a pesar de su baja popularidad, que se sitúa en un alarmante 3%. Este apoyo se ve reforzado por la lealtad de las Fuerzas Armadas, que han sido un pilar fundamental en su administración.
La presidenta justificó la ley argumentando que «el Perú honra a sus defensores» y que el gobierno reconoce el sacrificio de los miembros de las fuerzas armadas y la policía en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, esta postura ha sido criticada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha expresado su preocupación por el impacto que esta ley podría tener en el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos durante el periodo de violencia política en el país.
### Contexto Histórico y Político
Para entender la controversia en torno a la ley de amnistía, es crucial considerar el contexto histórico de Perú durante las décadas de 1980 y 1990. Este periodo estuvo marcado por la violencia del grupo armado Sendero Luminoso y la respuesta del Estado, que incluyó graves violaciones de derechos humanos. Las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta son ejemplos emblemáticos de esta represión, donde se registraron ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
La ley de amnistía promulgada por Boluarte busca otorgar libertad a uniformados mayores de 70 años y absolver a aquellos que hayan cometido delitos en el marco de la lucha contrainsurgente. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han denunciado que esta norma premia la impunidad y deja a las víctimas sin verdad ni justicia. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha calificado esta ley como propia de regímenes autoritarios, argumentando que socava el sistema de justicia y la protección de los derechos humanos en el país.
La CIDH ha instado al Estado peruano a no aprobar esta ley, advirtiendo que podría generar un retroceso en la protección de los derechos humanos y en el acceso a la justicia. A pesar de estas advertencias, Boluarte ha desestimado las recomendaciones de la CIDH, afirmando que Perú es un país soberano y que no permitirá la intervención de organismos internacionales en sus asuntos internos.
### Reacciones y Consecuencias
La promulgación de la ley de amnistía ha provocado una ola de protestas y rechazo por parte de diversas organizaciones civiles y de derechos humanos. Estas entidades han manifestado su preocupación por el impacto que esta ley tendrá en la memoria histórica del país y en la búsqueda de justicia para las víctimas de la violencia política.
Las reacciones no se han limitado al ámbito nacional. A nivel internacional, la comunidad ha expresado su alarma ante la decisión del gobierno peruano. La CIDH, en particular, ha reiterado su compromiso con la defensa de los derechos humanos y ha instado a Perú a cumplir con sus obligaciones internacionales en esta materia.
El contexto político en Perú también se ha visto afectado por esta situación. La promulgación de la ley de amnistía se produce en un momento de tensiones con Colombia, lo que ha llevado a un aumento del nacionalismo en el país. Este clima de exaltación de las Fuerzas Armadas puede tener repercusiones en la política interna y en la relación de Perú con sus vecinos.
Las organizaciones de derechos humanos han advertido que la aprobación de esta ley podría llevar a un debilitamiento del sistema interamericano de derechos humanos, y han señalado que el gobierno de Boluarte parece estar impulsando acciones para limitar la jurisdicción de la CIDH en Perú. Esto podría tener consecuencias a largo plazo para la protección de los derechos humanos en el país y para la credibilidad de las instituciones democráticas.
En medio de este panorama, la presidenta Boluarte ha mantenido una postura firme, defendiendo su decisión y acusando a las instituciones que critican la ley de estar influenciadas por ideologías totalitarias. Su retórica ha resonado con un sector de la población que busca estabilidad y seguridad en un contexto de violencia y polarización política.
La promulgación de la ley de amnistía por parte de Dina Boluarte representa un punto de inflexión en la política peruana, donde la lucha por la justicia y la memoria histórica se enfrenta a la búsqueda de una paz que muchos consideran frágil. La respuesta de la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional será crucial para determinar el rumbo que tomará Perú en los próximos años.