La reciente comisión de investigación sobre la ‘Operación Cataluña’ ha llevado a varios exmiembros del Gobierno de Mariano Rajoy a comparecer ante el Congreso de los Diputados. Este proceso ha generado un intenso debate sobre la legalidad de las acciones del Ejecutivo en relación con el independentismo catalán, especialmente después del referéndum del 1 de octubre de 2017. En este contexto, figuras clave como Soraya Sáenz de Santamaría, Dolores de Cospedal, Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro han defendido su gestión, negando cualquier irregularidad en las actuaciones policiales.
La exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, es una de las últimas en comparecer ante la comisión. Se espera que su testimonio siga la línea de sus compañeros de gabinete, quienes han insistido en que no hubo conocimiento de ninguna operación ilegal contra el independentismo. En sus declaraciones, Sáenz de Santamaría probablemente recordará la aplicación del artículo 155 de la Constitución, un mecanismo que se activó para retirar competencias a la Generalitat de Cataluña en respuesta a la crisis secesionista.
El expresidente Mariano Rajoy ha sido contundente al afirmar que la ‘Operación Cataluña’ es un término que no reconoce. En su intervención, ha calificado el 1-O como un «golpe de Estado» y ha subrayado que su Gobierno actuó siempre dentro del marco legal. Rajoy ha negado cualquier implicación en operaciones ilegales, enfatizando que su conocimiento se limitaba a las acciones de los líderes catalanes que llevaron a la aplicación del mencionado artículo constitucional.
Por su parte, el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha descalificado la existencia de una ‘Operación Cataluña’, calificándola de «invento». Durante su comparecencia, afirmó que nunca escuchó hablar de dicha operación en su ministerio y que los informes policiales que surgieron en su momento eran falsos. Esta postura ha sido respaldada por Cospedal, quien también ha calificado la operación como una «ficción». Sin embargo, estas declaraciones no han convencido a todos los diputados, quienes han solicitado que Cospedal comparezca nuevamente para aclarar su papel en las investigaciones policiales.
La situación se complica aún más con la aparición de nuevos audios que implican a Cospedal en reuniones con José Manuel Villarejo, un excomisario de policía que ha sido acusado de corrupción y abuso de poder. En estos audios, se sugiere que Cospedal pudo haber impulsado investigaciones policiales contra el independentismo, lo que ha llevado a los diputados a exigir su comparecencia para esclarecer su implicación en estos asuntos. La exsecretaria general del PP ha defendido su actuación, argumentando que siempre se ha mantenido dentro de la legalidad y que sus opiniones no pueden ser consideradas como coacciones.
Otro de los protagonistas de esta saga es Cristóbal Montoro, quien también ha sido llamado a declarar. Montoro ha sido imputado en Andorra por supuestas coacciones a la Banca Privada d’Andorra para obtener información bancaria relacionada con la familia Pujol y el presidente de ERC, Oriol Junqueras. En su defensa, ha afirmado que su única relación con la ‘Operación Cataluña’ fue el rescate de la Generalitat, un argumento que ha sido recibido con escepticismo por parte de algunos miembros de la comisión.
La situación actual en torno a la ‘Operación Cataluña’ refleja la complejidad de las relaciones entre el Gobierno español y las autoridades catalanas. A medida que avanza la comisión de investigación, se hace evidente que las tensiones políticas y las acusaciones de irregularidades seguirán siendo un tema candente en el debate público. La defensa de los exmiembros del Gobierno de Rajoy se basa en la negación de cualquier acción ilegal, pero las evidencias y testimonios que continúan surgiendo podrían cambiar el rumbo de esta historia. La comparecencia de figuras clave como Sáenz de Santamaría y Cospedal será crucial para determinar el impacto de estas investigaciones en el futuro político de España y en la percepción pública sobre la gestión del independentismo catalán.