La posibilidad de reformar el Estatuto de Autonomía de Extremadura ha vuelto a ser un tema candente en la agenda política de la región. En particular, la eliminación del aforamiento de los 65 diputados autonómicos y los miembros del Consejo de Gobierno ha suscitado un intenso debate. Este tema no es nuevo; ha sido discutido en varias ocasiones, pero la falta de consenso entre los partidos ha impedido que se avance en la materia. Gabriel Moreno, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Extremadura, ha compartido su perspectiva sobre este asunto, enfatizando la importancia de un debate sereno y fundamentado.
La historia reciente muestra que el expresidente Guillermo Fernández Vara, en 2014, renunció a su aforamiento ante notario, un gesto simbólico que no tuvo repercusiones legales, ya que la única forma de renunciar a este privilegio es renunciando al escaño. En 2015, Vara, ya como presidente, intentó iniciar los trámites para la reforma del Estatuto, pero la propuesta fue bloqueada por el Partido Popular, que consideró que esto era un pago a Podemos por su apoyo en la investidura del socialista.
Un proceso complejo
La reforma del Estatuto de Autonomía no es un proceso sencillo. Según Gabriel Moreno, un acuerdo entre los principales partidos, en este caso el PSOE y el PP, es fundamental para iniciar la reforma. Cualquier cambio en el Estatuto debe ser ratificado por el Congreso de los Diputados, lo que implica un proceso que podría extenderse por más de un año. El artículo 91 del Estatuto establece que la reforma puede ser solicitada por la Junta de Extremadura, la Asamblea o incluso el Congreso o el Senado. Sin embargo, si la iniciativa proviene de las instituciones autonómicas, se requiere una mayoría cualificada de dos tercios en la Asamblea para aprobarla.
Moreno destaca que la propuesta de reforma debe surgir de un debate profundo y no de una reacción impulsiva ante situaciones específicas. «Estamos hablando de la norma constitucional básica de la comunidad autónoma, no puede alterarse a capricho de la coyuntura política», afirma el experto. Esto subraya la necesidad de un diálogo constructivo y de un consenso que trascienda las diferencias partidistas.
Las reformas anteriores del Estatuto de Autonomía de Extremadura han sido limitadas, con solo cuatro modificaciones desde su aprobación en 1983. Estas reformas han incluido cambios en la fecha de las elecciones autonómicas, la adición de nuevas competencias y el reconocimiento de la deuda histórica. Sin embargo, la cuestión del aforamiento ha permanecido sin resolver, a pesar de que otras comunidades autónomas han tomado la delantera en este aspecto.
Ejemplos de otras comunidades
En los últimos años, seis comunidades autónomas han eliminado o limitado el aforamiento de sus parlamentarios: Cantabria, Murcia, Canarias, Baleares, La Rioja y Aragón. Canarias fue la primera en hacerlo, implementando la supresión a partir de las elecciones autonómicas de mayo de 2019. Murcia también logró modificar su normativa para eliminar el aforamiento en asuntos ajenos al desempeño parlamentario. En 2021, tanto el Congreso como el Senado apoyaron la reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja y Cantabria, y Aragón se unió a esta tendencia a finales de 2022.
La eliminación del aforamiento ha sido vista por muchos como un paso hacia una mayor transparencia y responsabilidad en la política. Sin embargo, también hay quienes argumentan que este privilegio es una garantía judicial que protege a los parlamentarios de posibles abusos. Este debate sobre si el aforamiento es un privilegio o una protección es crucial en el contexto de la reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura.
El futuro del Estatuto
La posibilidad de reformar el Estatuto de Autonomía de Extremadura sigue siendo un tema relevante en la política regional. La necesidad de un acuerdo entre los principales partidos es evidente, y la presión de la opinión pública podría jugar un papel importante en este proceso. La eliminación del aforamiento podría ser un paso hacia una mayor rendición de cuentas y una política más transparente, pero también es fundamental que cualquier cambio se realice de manera reflexiva y consensuada.
La discusión sobre el aforamiento y la reforma del Estatuto de Autonomía no solo afecta a los políticos, sino que también tiene implicaciones para la ciudadanía. La forma en que se gestionen estos cambios podría influir en la percepción pública de la política en Extremadura y en la confianza de los ciudadanos en sus representantes. Por lo tanto, es esencial que este debate se lleve a cabo de manera abierta y constructiva, con el objetivo de lograr un Estatuto que refleje las necesidades y aspiraciones de todos los extremeños.