La implementación de la inteligencia artificial (IA) en el sistema penitenciario del Reino Unido ha generado un intenso debate sobre su efectividad y sus implicaciones éticas. Desde que Keir Starmer asumió el cargo de primer ministro, su gobierno ha apostado por la tecnología como una solución a los problemas de sobrepoblación y violencia en las cárceles. Sin embargo, la propuesta ha suscitado preocupaciones entre expertos y organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre los riesgos de un enfoque excesivamente tecnológico en la justicia penal.
**Desafíos en el Sistema Penitenciario**
El sistema penitenciario británico enfrenta una crisis de sobrepoblación, con las cárceles operando a más del 97% de su capacidad. Esta situación ha llevado a un aumento significativo de la violencia dentro de las prisiones. En el último año, las agresiones a funcionarios de prisiones han aumentado un 7% por cada 1.000 reclusos, mientras que las agresiones graves han crecido un 6%. En respuesta a estos desafíos, el gobierno ha comenzado a implementar tecnologías avanzadas, incluyendo el uso de IA para predecir y prevenir episodios violentos.
La nueva herramienta de IA se basa en el análisis de datos como la edad de los reclusos y su historial de comportamiento violento. Esto permitirá a los funcionarios de prisiones identificar potenciales amenazas y trasladar a los presos antes de que se produzcan altercados. Además, se ha aprobado el uso de IA para escanear mensajes en los teléfonos de los reclusos, incluyendo aquellos encriptados, con el fin de detectar amenazas de violencia.
Sin embargo, la efectividad de estas medidas aún no ha sido comprobada. Expertos como Mike Nellis, profesor de justicia penal, han expresado su preocupación por el enfoque del gobierno. Nellis advierte que la dependencia de la IA podría resultar en un sistema de control frío e inhumano, donde los reclusos son tratados como datos en lugar de personas. Este enfoque podría disminuir las interacciones humanas, que son cruciales para la rehabilitación.
**Colaboración con Gigantes Tecnológicos**
El gobierno británico no solo se limita a las herramientas de IA ya implementadas, sino que también está explorando propuestas de empresas tecnológicas como Microsoft, Google y Amazon. Estas propuestas incluyen la monitorización en tiempo real del comportamiento de los reclusos, el uso de chips subcutáneos para rastrear su ubicación y el empleo de robótica para gestionar sus movimientos. Además, se ha considerado la posibilidad de utilizar vehículos autónomos para el transporte de presos, con el objetivo de mejorar la seguridad del personal penitenciario.
La ministra de Justicia, Shabana Mahmood, ha defendido la integración de estas tecnologías, afirmando que son necesarias para reducir la delincuencia y garantizar la seguridad pública. Sin embargo, la falta de regulación en la implementación de estas tecnologías ha generado críticas. Nellis señala que el gobierno está priorizando la rapidez en la implementación sobre la consideración de los riesgos asociados, lo que podría llevar a consecuencias negativas a largo plazo.
Las organizaciones de derechos humanos han calificado el enfoque del gobierno como «distópico». Donald Campbell, de la organización Foxglove, ha expresado su preocupación por el uso de robots y dispositivos de rastreo en el sistema penitenciario. Campbell argumenta que la idea de utilizar tecnología para gestionar a los reclusos es escalofriante y refleja una falta de consideración por la dignidad humana.
A medida que el gobierno avanza en su plan de acción para integrar la IA en los servicios públicos, la necesidad de un debate más amplio sobre la ética y la regulación de estas tecnologías se vuelve cada vez más urgente. La implementación de la IA en el sistema penitenciario no solo plantea preguntas sobre la eficacia de estas herramientas, sino también sobre el futuro de la justicia y la rehabilitación en el Reino Unido.