La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha estado en el centro de atención recientemente debido a su estrategia de inversión en empresas clave para la economía española. En particular, su relación con Talgo y Duro Felguera ha suscitado un intenso debate sobre la intervención del gobierno en el sector privado y las implicaciones para el futuro de estas compañías. A medida que la SEPI se enfrenta a decisiones críticas, es esencial entender el contexto y las consecuencias de sus acciones.
### La Dilatación de la Entrada de la SEPI en Talgo
La SEPI, presidida por Belén Gualda, ha mostrado una notable resistencia a entrar en el capital de Talgo, a pesar de las solicitudes de diversos sectores. La situación se ha vuelto más compleja tras la reciente Junta General Extraordinaria de Accionistas de Talgo, donde se discutieron nombramientos y la gestión de la empresa. La dilación de la SEPI en este caso contrasta con su intervención en otras empresas como Indra y Telefónica, donde no se solicitó su participación, pero el gobierno decidió actuar en nombre de la defensa de empresas estratégicas.
El costo de adquirir el 100% de Talgo se estima en aproximadamente 412 millones de euros, una cifra significativamente menor que los más de 4.300 millones gastados en Indra y Telefónica. Este contraste ha llevado a cuestionar la lógica detrás de la estrategia de inversión de la SEPI, especialmente cuando se considera que Talgo es un fabricante ferroviario con tecnología de ancho variable, considerada estratégica para el país.
Desde el Gobierno vasco, se ha manifestado que la entrada del consorcio vasco liderado por Sidenor en Talgo es “compleja”, aunque se espera que se cierre la operación. Sin embargo, el tiempo apremia, ya que el plazo para formalizar el preacuerdo de venta del 29,8% del capital de Talgo al consorcio termina este mes. La presión sobre la SEPI para actuar se intensifica, especialmente en un contexto donde la capacidad industrial de Talgo se ve comprometida por la falta de inversión y la competencia internacional.
### La Crisis de Duro Felguera y sus Implicaciones
Por otro lado, Duro Felguera enfrenta una crisis aún más profunda. En su reciente Junta General de Accionistas, a pesar de la oposición de los accionistas minoritarios, se aprobaron las cuentas y la gestión de la empresa con un respaldo superior al 98%. Sin embargo, la situación financiera de Duro Felguera es alarmante, ya que ha lanzado un ERE que afectará a 699 empleados, lo que representa la mitad de su plantilla. Esta decisión se produce en un momento en que la empresa ya había extendido su preconcurso de acreedores, lo que plantea serias dudas sobre su viabilidad futura.
La estructura de propiedad de Duro Felguera, controlada en un 54,66% por el Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructuras, ha complicado aún más la situación. La falta de transparencia y la percepción de incumplimiento de promesas han generado desconfianza entre los accionistas, lo que podría tener repercusiones negativas en la capacidad de la empresa para atraer nuevas inversiones o socios estratégicos.
Además, se ha informado que la fábrica de calderería pesada de Duro Felguera será vendida a Indra por 3,6 millones de euros, lo que podría ser un alivio temporal, pero no resuelve los problemas estructurales que enfrenta la empresa. La incertidumbre sobre el futuro de Duro Felguera y su capacidad para cumplir con sus compromisos financieros es un tema candente en el ámbito empresarial español.
### Reflexiones sobre la Intervención del Gobierno
La intervención del gobierno en empresas estratégicas como Talgo y Duro Felguera plantea preguntas sobre el papel de la SEPI en la economía española. Si bien la defensa de empresas clave puede ser vista como una medida necesaria para proteger el empleo y la industria nacional, también puede dar lugar a una dependencia excesiva del estado y a la falta de innovación y competitividad en el sector privado.
La situación actual de Talgo y Duro Felguera es un reflejo de los desafíos que enfrentan muchas empresas en un entorno económico cambiante. La SEPI debe considerar cuidadosamente sus próximos pasos, no solo en términos de inversión, sino también en cómo puede fomentar un entorno empresarial más saludable y sostenible en el futuro. La clave estará en encontrar un equilibrio entre la intervención estatal y la autonomía del sector privado, asegurando que las decisiones tomadas beneficien a la economía en su conjunto y no solo a intereses particulares.