El Gobierno español ha iniciado un proceso de negociación con los sindicatos más representativos de la Función Pública para abordar el aumento salarial de más de tres millones de empleados públicos. Este esfuerzo busca garantizar que estos trabajadores mantengan su poder adquisitivo en un contexto económico desafiante. La propuesta del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública incluye un incremento salarial a tres años, que se extendería hasta 2028, con el objetivo de establecer un marco plurianual que contemple tanto componentes fijos como variables en los aumentos salariales.
Las fuentes sindicales han indicado que la hoja de ruta presentada por el Gobierno contempla una revalorización de los salarios, aunque aún no se ha definido si se incluirá una cláusula que vincule los aumentos salariales a la inflación, similar a la que se aplica a las pensiones contributivas. Esta incertidumbre ha generado preocupación entre los empleados públicos, quienes llevan desde enero con sus sueldos congelados, debido a la falta de un nuevo acuerdo tras la expiración del anterior en 2024.
### Contexto de la Negociación Salarial
La situación actual se complica por la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE), ya que los vigentes son prórrogas de 2022. Esto ha limitado las posibilidades del Gobierno para negociar un nuevo acuerdo salarial. La intención del Ejecutivo es que el nuevo pacto se incluya en los próximos PGE, que se espera que se presenten para el año 2026. Sin embargo, hasta la fecha, el Gobierno no cuenta con los apoyos parlamentarios necesarios para su aprobación, lo que añade un nivel de incertidumbre a la situación.
El ministro Óscar López ha señalado que la reunión inicial con los sindicatos es solo el comienzo de un proceso que requiere un calendario de reuniones para llegar a un acuerdo. Aunque el Gobierno tiene la capacidad de legislar y aumentar los salarios sin el consentimiento de los sindicatos, históricamente se han alcanzado acuerdos que involucran a las centrales sindicales. Esto es crucial, ya que la movilización de los sindicatos ha comenzado, y se han planteado posibles huelgas en diciembre si no se logran avances significativos.
### Retos y Expectativas para los Empleados Públicos
Los empleados públicos han expresado su frustración por la congelación salarial que han experimentado desde el inicio del año. La falta de un acuerdo ha llevado a una creciente descontento, especialmente en un contexto político inestable. La propuesta del Gobierno busca no solo abordar el aumento salarial, sino también mejorar las condiciones laborales y avanzar en la consolidación de derechos para los empleados públicos. Sin embargo, la implementación de estas mejoras ha sido desigual, y muchas promesas, como la reducción de la jornada laboral de 37,5 a 35 horas semanales, aún no se han cumplido.
El anterior acuerdo plurianual, que fue firmado por dos de los tres sindicatos más representativos, incluyó diversas mejoras organizativas que no se han materializado completamente. Esto ha generado desconfianza entre los empleados públicos, quienes temen que las nuevas promesas no se cumplan. La situación es aún más complicada por la presión política y la necesidad de que el Gobierno presente un presupuesto que contemple estos aumentos.
A medida que se desarrollan las negociaciones, los empleados públicos y los sindicatos están a la expectativa de cómo se resolverán estas cuestiones. La posibilidad de una huelga en diciembre resalta la urgencia de llegar a un acuerdo que satisfaga las demandas de los trabajadores y que permita al Gobierno cumplir con sus compromisos. La presión sobre el Ejecutivo es alta, y la forma en que maneje esta situación podría tener un impacto significativo en la estabilidad de la Función Pública en los próximos años.