La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia ha entrado en vigor, introduciendo cambios significativos en el sistema judicial español. Esta legislación busca agilizar los procedimientos judiciales y reducir la litigiosidad, que ha aumentado considerablemente en los últimos años. Entre las principales novedades se encuentra la obligatoriedad de la mediación prejudicial en la mayoría de los procedimientos civiles y mercantiles, así como la implementación de juicios rápidos para desalojar a los okupas.
Uno de los aspectos más destacados de esta ley es la obligación de acudir a los Medios Adecuados de Resolución de Controversias (MASC) antes de presentar una demanda. Esto implica que las partes involucradas deben intentar alcanzar un acuerdo a través de mediadores independientes y neutrales. Si no se cumple con este requisito, las partes deberán asumir las costas del juicio, incluso si resultan vencedoras. Este enfoque busca disuadir a las personas y empresas de acudir a los tribunales de manera indiscriminada, promoviendo una resolución más efectiva de los conflictos.
La ley también introduce juicios rápidos para casos de usurpación y allanamiento de morada, permitiendo que los magistrados puedan desalojar a los okupas en un plazo de 15 días desde que se presenta la documentación necesaria. Esta medida responde a la creciente preocupación por la ocupación ilegal de propiedades y busca ofrecer una solución más ágil para los propietarios afectados.
Otro cambio significativo es la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, que ahora requiere la aprobación de al menos tres quintos de la comunidad de propietarios para establecer un piso turístico en un edificio. Esto busca regular el uso de viviendas para alquiler turístico y garantizar que la comunidad esté de acuerdo con dicha actividad, evitando conflictos entre vecinos.
Además, la ley pone fin a la conocida ‘golden visa’, que permitía a los inversores extranjeros obtener permisos de residencia a cambio de inversiones en propiedades en España. Aunque esta figura fue popular en su momento, su impacto en la atracción de capital ha sido limitado. A partir de ahora, los permisos de residencia por inversión ya no se emitirán, aunque los que ya están en vigor mantendrán su validez hasta su fecha de expiración.
En el ámbito laboral, la ley establece un límite para los impagos de nómina que permite a los trabajadores renunciar a su puesto con derecho a indemnización y a la prestación por desempleo. Esto se aplica en situaciones donde se adeuden tres mensualidades en un año o cuando los pagos se retrasen más de 15 días en seis ocasiones. Esta medida busca proteger a los trabajadores y ofrecerles una salida en casos de incumplimiento por parte de sus empleadores.
La Ley de Eficiencia de la Justicia ha sido bien recibida por algunos sectores, que ven en ella una oportunidad para mejorar la eficacia del sistema judicial. Sin embargo, también existen preocupaciones sobre la implementación de la mediación como un mero trámite, en lugar de una verdadera alternativa para resolver conflictos. Desde el Consejo General de Economistas, se ha enfatizado la necesidad de que la mediación sea una herramienta efectiva y no solo un requisito formal.
La entrada en vigor de esta ley representa un cambio importante en la forma en que se gestionan los conflictos legales en España. Con la mediación obligatoria y los juicios rápidos, se espera que el sistema judicial se desahogue y que las partes encuentren soluciones más rápidas y menos costosas a sus disputas. Sin embargo, el éxito de estas medidas dependerá de su correcta implementación y de la disposición de las partes a participar en procesos de mediación antes de recurrir a los tribunales.
