La Oficina Europea de Medio Ambiente (EBB) ha expresado su preocupación ante los recientes planes de la Comisión Europea para modificar el reglamento REACH, que regula la producción y comercialización de sustancias químicas sintéticas en la Unión Europea. Esta propuesta, presentada el 3 de abril, busca simplificar la legislación química, pero ha sido criticada por organizaciones ambientales que advierten sobre el riesgo de deshacer dos décadas de avances en la protección de la salud pública y el medio ambiente.
La EBB, que agrupa a más de 150 organizaciones de conservación en Europa, señala que la reforma podría introducir más burocracia y retrasar la acción sobre sustancias peligrosas. Dolores Romano, responsable de políticas sobre sustancias químicas de la EBB, ha declarado que la propuesta no solo llega tarde, sino que también es insuficiente y prioriza los intereses de la industria química sobre la seguridad pública. Romano enfatiza que la ciencia ha sido clara sobre los daños que pueden causar las sustancias químicas, y que la Comisión debería cumplir con sus compromisos en lugar de ceder a la presión de la industria.
La reciente aprobación de la Declaración de Amberes, respaldada por industrias contaminantes, ha generado inquietud entre conservacionistas y expertos. Este documento parece priorizar los intereses económicos por encima de la Estrategia de Sustancias Químicas para la Sostenibilidad del Pacto Verde Europeo. La EBB denuncia que la Comisión está dispuesta a sacrificar la salud pública a largo plazo en favor de beneficios económicos inmediatos, lo que podría tener graves consecuencias para la salud de los ciudadanos y el medio ambiente.
### Propuestas de la Industria Química y sus Implicaciones
Entre las propuestas del Consejo Europeo de la Industria Química (CEFIC), que han sido respaldadas por la Comisión, se encuentra la flexibilización de las normas para las sustancias químicas altamente peligrosas. CEFIC sugiere limitar el uso del sistema de autorización, lo que podría resultar en que menos sustancias nocivas sean eliminadas y más empresas continúen utilizándolas. Este cambio ya se refleja en el borrador de la Comisión, que parece dar marcha atrás en sus compromisos de la Estrategia Química para la Sostenibilidad, incluyendo la eliminación gradual de las sustancias más peligrosas en productos de uso diario.
La EBB ha criticado que, en lugar de acelerar el proceso de restricción de sustancias peligrosas, la Comisión parece estar dispuesta a ralentizarlo, alineándose con las exigencias de la industria. Aunque la Comisión ha prometido que la simplificación no comprometerá la seguridad, sus propuestas sugieren que está cediendo a la presión de las industrias contaminantes en nombre del crecimiento económico. Esta contradicción es preocupante, ya que tanto el CEFIC como la Comisión afirman que buscan reducir la complejidad, pero sus acciones podrían incrementar la burocracia y retrasar las protecciones esenciales para la salud pública.
La situación actual plantea un dilema significativo: por un lado, la necesidad de una regulación efectiva que proteja a las personas y al medio ambiente de los efectos nocivos de las sustancias químicas; por otro, la presión de la industria para reducir los controles y facilitar su actividad económica. La EBB advierte que si se implementan estas reformas, se corre el riesgo de deshacer años de progreso en la regulación de sustancias químicas, lo que podría tener consecuencias devastadoras para la salud pública y el medio ambiente en Europa.
La comunidad científica y las organizaciones ambientales están instando a la Comisión Europea a reconsiderar su enfoque y a priorizar la salud y el bienestar de los ciudadanos por encima de los intereses económicos de la industria. La protección del medio ambiente y la salud pública debe ser una prioridad en la formulación de políticas, especialmente en un contexto donde los efectos de las sustancias químicas en la salud son cada vez más evidentes. La presión de la industria no debe dictar la dirección de la política ambiental, y es crucial que se mantengan y fortalezcan los estándares de seguridad para garantizar un futuro sostenible para todos.