Cientos de jueces y fiscales se concentraron frente al Tribunal Supremo en Madrid el pasado sábado, dando inicio a una huelga de tres días convocada por cinco asociaciones del sector. Esta movilización se produce en respuesta a los proyectos legislativos del Gobierno que buscan reformar el acceso a la carrera judicial y fiscal. Según las organizaciones convocantes, el seguimiento de la huelga ha sido notable, alcanzando un 75% de participación, lo que consideran un éxito en su lucha por la defensa de la independencia judicial.
Las asociaciones que han convocado la huelga incluyen la Asociación Profesional de Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). A pesar de que el Consejo General del Poder Judicial y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, han señalado que la huelga carece de respaldo normativo, los convocantes defienden su derecho a protestar, incluso asumiendo la reducción de su salario por participar en los paros.
Desde el Ministerio de Justicia, se ha solicitado al Consejo del Poder Judicial y a la Fiscalía General que informen diariamente sobre la asistencia de jueces y fiscales a sus puestos de trabajo durante la huelga. Esta medida busca asegurar el uso adecuado de los fondos públicos, dado que el ministerio es el encargado de pagar a estos funcionarios. Sin embargo, el Consejo no ha proporcionado datos sobre la participación en la huelga, considerándola no anunciada.
### Valoración de la Protesta
Las asociaciones han realizado una valoración preliminar de la huelga, destacando que el 75% de los jueces y fiscales que han participado en la protesta han enviado correos electrónicos confirmando su ausencia. No obstante, no han podido ofrecer cifras sobre los juicios suspendidos ni desglosar la participación por comunidades autónomas. En algunas regiones, como Murcia, el seguimiento ha sido aún más alto, alcanzando el 80%.
María Jesús del Barco, de la APM, ha calificado la huelga como un «éxito», a pesar de las dificultades que enfrentan los jueces para unirse a este tipo de iniciativas. Por su parte, Sergio Oliva, de la Asociación Francisco de Vitoria, ha expresado su preocupación por el impacto de la huelga en la ciudadanía y en los operadores jurídicos, señalando que el seguimiento de la protesta refleja el compromiso ético de los jueces y fiscales para preservar la independencia judicial.
Fernando Portillo, del Foro Judicial Independiente, ha destacado la participación de los jueces más jóvenes, enfatizando que la huelga no es un ataque a otro poder, sino un esfuerzo por salvaguardar el poder judicial. Cristina Dexeus, de la Asociación de Fiscales, ha calificado la convocatoria de un éxito rotundo, a pesar de las advertencias del Consejo y del fiscal general sobre la legitimidad de la huelga.
La situación se complica aún más con la crítica a la nueva ley que se está discutiendo, que incluye la posibilidad de admitir a un millar de jueces sustitutos. Salvador Viada, de la APIF, ha señalado que esta medida representa una amenaza real para el Estado de derecho. En un contexto de corrupción que afecta al entorno del presidente del Gobierno, Viada ha descrito la huelga como un «grito de auxilio». Tanto él como Dexeus han expresado su preocupación por la falta de contrapesos en la gestión del fiscal general.
### Reacciones del Gobierno y Consecuencias de la Huelga
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido la necesidad de las reformas propuestas, argumentando que son necesarias para modernizar las carreras judicial y fiscal. Según Bolaños, estas reformas son las primeras en 40 años y buscan actualizar un sistema que, en su opinión, ha quedado obsoleto desde el siglo XIX. Las reformas incluyen la implementación de un examen escrito en los procesos de oposición y la regularización de los jueces y fiscales sustitutos.
Desde el Gobierno, se ha reiterado el respeto hacia los paros, aunque se subraya la importancia de llevar a cabo estas reformas. Sin embargo, la respuesta de los jueces y fiscales ha sido contundente, y muchos consideran que los cambios propuestos no abordan los problemas reales del sistema judicial, sino que podrían aumentar la politización del mismo.
En cuanto a las posibles sanciones a los magistrados que participen en la huelga, fuentes jurídicas han indicado que, a diferencia de huelgas anteriores, no se han impuesto castigos a los participantes. La Fiscalía, por su parte, ha señalado que no tiene competencias para establecer servicios mínimos y ha pedido que se garanticen las actuaciones en las que la ausencia de un fiscal pueda perjudicar los derechos de los ciudadanos.
A pesar de la huelga, los órganos judiciales más relevantes, como los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, han continuado funcionando con normalidad, aunque con algunas excepciones. Este martes, se han llevado a cabo declaraciones en casos de gran relevancia mediática, lo que indica que, al menos en parte, la huelga no ha tenido un impacto significativo en los procesos judiciales más destacados.