El Consejo de Europa ha emitido un informe que destaca la necesidad de que España refuerce su regulación en torno a los conflictos de interés, las puertas giratorias y la interacción con los lobbies. Este documento, elaborado por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), subraya que, a pesar de algunos avances, la implementación de las recomendaciones previas ha sido insuficiente.
El GRECO, que tiene como objetivo mejorar la capacidad de sus 47 países miembros para combatir la corrupción, ha señalado que España ha aplicado de manera parcial 13 de las recomendaciones formuladas en 2019, mientras que seis de ellas no han sido implementadas en absoluto. Esta situación ha llevado al GRECO a incluir a España en un procedimiento de incumplimiento, exigiendo al Gobierno que informe sobre los progresos en este ámbito antes de su próxima reunión plenaria en Estrasburgo.
Uno de los puntos más críticos del informe es la regulación de los conflictos de interés entre los altos cargos del Gobierno. Aunque se han adoptado algunas medidas para prevenir estos conflictos en la Administración General del Estado, el GRECO considera que no se ha desarrollado una estrategia específica para los miembros del Gobierno central. Esto es especialmente relevante dado que estos cargos, por su naturaleza política y su interacción con el sector privado, enfrentan desafíos únicos que requieren atención particular.
Además, el informe destaca la necesidad de que los asesores del Gobierno estén sujetos a los mismos estándares de transparencia e integridad que los altos cargos. Esto implica que sus perfiles y salarios deberían ser públicos, lo que contribuiría a una mayor rendición de cuentas.
En cuanto a la regulación de los lobbies, el GRECO ha expresado su preocupación por la falta de avances en este ámbito. A pesar de que se intentó aprobar un anteproyecto de ley para regular la actividad de los grupos de interés, este esfuerzo se vio frustrado por la convocatoria electoral de 2023. Actualmente, el Congreso está tramitando un proyecto de Ley de transparencia e integridad que busca definir las actividades de los lobbies y establecer un código de conducta para su relación con los altos cargos y el personal público.
El informe también aborda el tema de las puertas giratorias, señalando que las restricciones actuales, que impiden a los altos cargos trabajar en lobbies hasta dos años después de dejar sus funciones, son insuficientes. El GRECO ha instado a que se adopten medidas más amplias para abordar este problema, que puede comprometer la integridad del sistema político.
Otro aspecto crítico mencionado es el sistema de aforamientos, que permite a ciertos miembros del Gobierno tener un régimen de responsabilidad penal diferente al del resto de los ciudadanos. El GRECO ha solicitado la eliminación de esta figura, argumentando que puede obstaculizar la justicia en casos de corrupción. Sin embargo, el Gobierno ha respondido que este cambio requeriría una reforma constitucional que podría ser difícil de alcanzar debido a la necesidad de un amplio consenso parlamentario.
A pesar de estas críticas, el informe del GRECO también reconoce algunos avances en la lucha contra la corrupción en España. Se valora positivamente la creación del Sistema de Integridad de la Administración General del Estado (SIAGE), que incluye un código de ética, la evaluación de riesgos de corrupción y formación para los funcionarios. Asimismo, se aplauden los esfuerzos por mejorar el acceso a la información pública y las iniciativas para promover la igualdad de género en las fuerzas del orden.
Sin embargo, el GRECO insiste en que es fundamental seguir avanzando en la implementación de medidas que fortalezcan la integridad y la transparencia en la política española. Esto incluye no solo la mejora de la regulación de los conflictos de interés y los lobbies, sino también el fortalecimiento de las instituciones encargadas de supervisar y garantizar la transparencia en la administración pública. La independencia y la dotación de recursos adecuados para la Oficina de Conflictos de Intereses y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno son esenciales para lograr estos objetivos.