La trayectoria de Manuel García-Castellón, quien se jubiló recientemente como titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, es un reflejo de la historia judicial de España en las últimas décadas. Desde su inicio en el ámbito judicial en 1977, García-Castellón ha estado al frente de casos emblemáticos que han marcado la política y la sociedad española. Su libro «Habla, para que se conozca» ofrece una mirada crítica sobre la relación entre la justicia y la política en el país, así como una reflexión sobre su experiencia personal en el sistema judicial.
### La Invasión Política en la Justicia
Uno de los temas centrales que García-Castellón aborda en su obra es la «invasión» política de la justicia, una situación que él considera sin precedentes en la historia reciente de España. Según el juez jubilado, la política ha comenzado a influir de manera alarmante en las decisiones judiciales, lo que ha llevado a un deterioro de la independencia judicial. «Desde los tiempos de Adolfo Suárez, nunca había visto esto», afirma, refiriéndose a la creciente presión que los jueces enfrentan por parte de los poderes políticos.
García-Castellón critica la reciente reforma de la ley que busca eliminar la figura de la acusación popular, un mecanismo que ha sido utilizado por partidos políticos y sindicatos para llevar a cabo investigaciones. «Ellos han utilizado la acusación popular siempre que han querido, y ahora que les toca a ellos, quieren eliminarla», señala, evidenciando la hipocresía en la política actual. Para él, esta situación no solo afecta a la justicia, sino que también degrada la democracia, ya que la esencia de esta radica en el imperio de la ley.
### Reflexiones sobre el Lawfare y la Independencia Judicial
El término «lawfare» ha cobrado relevancia en el discurso político contemporáneo, y García-Castellón no se muestra favorable a su uso. Considera que es un término que se utiliza de manera conveniente por aquellos que se sienten amenazados por la justicia. «La táctica siempre es la misma, pero ¿por qué dicen lawfare si en realidad quieren decir prevaricación?», cuestiona, sugiriendo que la manipulación del lenguaje es una estrategia para deslegitimar el trabajo de los jueces.
El exjuez también se refiere a la situación actual del Consejo del Poder Judicial, que ha sido objeto de críticas por su falta de independencia. La designación de vocales por parte de los partidos políticos ha llevado a una pérdida de confianza en esta institución, que debería ser un garante de la independencia judicial. «Este sistema hay que cambiarlo, como ha dicho Europa repetidas veces», enfatiza, subrayando la necesidad de reformas que aseguren la imparcialidad del sistema judicial.
García-Castellón también se muestra preocupado por el futuro de la Fiscalía, especialmente en el contexto de la reciente presentación de una reforma procesal que busca otorgar más poder a los fiscales en la instrucción de casos. Aunque reconoce la valía de los fiscales, advierte que este cambio se está proponiendo en un momento políticamente delicado, lo que podría afectar la percepción pública de la justicia. «Se elige el peor momento para la instrucción penal por parte de los fiscales», afirma, sugiriendo que la independencia judicial debe ser prioritaria en cualquier reforma.
En su libro, García-Castellón no solo narra su experiencia en casos de gran relevancia, como el caso Banesto o el caso Villarejo, sino que también reflexiona sobre la necesidad de que la justicia actúe sin prejuicios ni influencias externas. «La Justicia es una señora con una toga o con un traje y la venda en los ojos», dice, enfatizando que la imparcialidad es fundamental para el funcionamiento de un sistema democrático.
A medida que se desenvuelven los acontecimientos en el ámbito judicial y político en España, las palabras de García-Castellón resuenan como un llamado a la reflexión sobre la importancia de la independencia judicial y la necesidad de protegerla de las injerencias políticas. Su experiencia y sus observaciones ofrecen una visión crítica que invita a la sociedad a cuestionar el estado actual de la justicia en el país y a abogar por un sistema más transparente y justo.