El caso de ‘La Manada’, que conmocionó a la sociedad española tras la violación grupal de una joven durante las fiestas de San Fermín en 2016, sigue generando controversia y debate. Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado la rebaja de la pena de dos de los condenados, José Ángel Prenda y Jesús Escudero, de 15 a 14 años de prisión. Esta decisión ha sido respaldada por la Fiscalía y se enmarca dentro de la aplicación de la ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida popularmente como la ley del ‘solo sí es sí’. Esta norma, que busca proteger a las víctimas de agresiones sexuales, ha tenido un impacto significativo en la forma en que se juzgan y condenan estos delitos.
La rebaja de la pena se basa en un análisis técnico de las penas impuestas, donde se ha determinado que la pena mínima establecida por el Tribunal Supremo había disminuido, lo que obligaba a ajustar las condenas previas. En este contexto, la decisión de reducir la pena de Prenda y Escudero se alinea con la ya confirmada rebaja de otro miembro de ‘La Manada’, Ángel Boza, quien vio su condena reducida en septiembre de 2023. Este tipo de decisiones judiciales ha suscitado un amplio debate sobre la efectividad de la ley del ‘solo sí es sí’ y su aplicación en casos de agresiones sexuales.
La ley del ‘solo sí es sí’ fue impulsada en respuesta a la indignación social que provocó el caso de ‘La Manada’. Su objetivo es garantizar que el consentimiento sea la base de cualquier relación sexual, estableciendo que cualquier acto sexual sin consentimiento explícito es considerado agresión. Sin embargo, la aplicación de esta ley ha generado controversia, especialmente en lo que respecta a las rebajas de penas en casos ya juzgados. La normativa establece que, si la pena máxima se mantiene, pero la mínima se reduce, las condenas previas deben ajustarse en consecuencia, lo que ha llevado a la reducción de penas en varios casos.
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha argumentado que, dado que la pena mínima ha cambiado, es necesario ajustar las condenas para que se alineen con el nuevo marco normativo. Los magistrados han señalado que es indiscutible que una pena que conserva el mismo techo, pero cuyo mínimo es inferior, no puede ser de igual magnitud que la anterior. Este razonamiento ha sido clave para la confirmación de la rebaja de pena a Prenda y Escudero, quienes ahora deberán cumplir 14 años de prisión, un año por encima del mínimo legal.
La situación ha generado una fuerte reacción en la sociedad, con voces que critican la interpretación de la ley y su aplicación en casos de agresiones sexuales. Muchos consideran que la rebaja de penas en casos tan graves como el de ‘La Manada’ es un retroceso en la lucha por los derechos de las mujeres y la protección de las víctimas. La ley del ‘solo sí es sí’ fue concebida como un avance hacia una mayor protección y respeto hacia las víctimas de agresiones sexuales, pero su implementación ha puesto de manifiesto las dificultades y contradicciones que pueden surgir en el ámbito judicial.
A medida que se desarrollan los acontecimientos, es probable que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre estas decisiones, aunque las expectativas sobre un cambio en la interpretación de la ley son bajas. La realidad es que las decisiones adoptadas hasta ahora en relación con las condenas por delitos de agresión sexual, cometidos y juzgados antes de la reforma de la ley, parecen estar firmemente establecidas. La confirmación de la rebaja de pena a Boza por parte del Tribunal Supremo en julio del año pasado refuerza esta percepción.
El caso de ‘La Manada’ y la aplicación de la ley del ‘solo sí es sí’ continúan siendo temas candentes en el debate público. La sociedad está dividida entre quienes apoyan la ley como un avance necesario en la protección de las víctimas y quienes critican las consecuencias no deseadas que ha tenido en la justicia penal. A medida que se desarrollan más casos y se toman decisiones judiciales, será fundamental seguir de cerca cómo evoluciona esta situación y qué implicaciones tendrá para el futuro de la legislación sobre agresiones sexuales en España.