Las tensiones internas en el Gobierno español han alcanzado un nuevo nivel con la reciente propuesta de la nueva Ley de Información Clasificada, que busca reemplazar la Ley de Secretos Oficiales vigente desde 1968. Este cambio legislativo ha generado un choque entre dos figuras clave del Ejecutivo: la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaos. La controversia ha escalado hasta el Congreso de los Diputados, donde el Partido Popular ha solicitado la comparecencia de ambos ministros, así como de otros miembros del Gobierno, para aclarar las discrepancias que han surgido en torno a esta ley.
La nueva normativa plantea un cambio significativo en la gestión de la información clasificada en España. Actualmente, esta responsabilidad recae en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que depende del Ministerio de Defensa. Sin embargo, con la nueva ley, la autoridad encargada de gestionar esta información pasaría a estar bajo el control del Ministerio de Presidencia. Este movimiento ha sido interpretado como un intento de centralizar el poder en la gestión de secretos oficiales, lo que ha generado descontento entre algunos miembros del Gobierno, especialmente entre aquellos que ven amenazadas sus competencias.
El Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado esta situación para arremeter contra el Gobierno, solicitando no solo la comparecencia de Robles y Bolaos, sino también de otros ministros como Fernando Grande-Marlaska, de Interior, y José Manuel Albares, de Asuntos Exteriores. La estrategia del PP parece estar enfocada en exponer las divisiones internas del Ejecutivo y en cuestionar la capacidad del Gobierno para manejar temas de seguridad nacional y transparencia.
### El Contexto de la Nueva Ley de Información Clasificada
La Ley de Información Clasificada se presenta como una respuesta a la necesidad de modernizar y adaptar la legislación española a los estándares internacionales en materia de transparencia y gestión de información sensible. Sin embargo, el proceso de elaboración de esta ley ha estado marcado por la falta de consenso entre los diferentes ministerios implicados. La propuesta ha sido objeto de críticas por parte de algunos sectores que consideran que el cambio de competencias podría debilitar la seguridad nacional al trasladar la gestión de secretos a un órgano político.
Uno de los puntos más controvertidos de la nueva ley es la creación de la Autoridad Nacional de Información Clasificada, que tendría la responsabilidad de supervisar y gestionar la información sensible. Este cambio ha suscitado preocupaciones sobre la posible politización de la información clasificada y la falta de independencia del nuevo organismo. La oposición ha argumentado que este movimiento podría llevar a un uso indebido de la información y a una mayor opacidad en la gestión de secretos oficiales.
Además, la falta de claridad sobre el alcance de la nueva ley ha alimentado las tensiones entre los ministros. Robles, que ha defendido la importancia de mantener el control de la información en manos del CNI, ha expresado su preocupación por el impacto que podría tener la nueva normativa en la seguridad nacional. Por su parte, Bolaos ha argumentado que el cambio es necesario para garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas en la gestión de información clasificada.
### La Reacción del Partido Popular y la Presión Internacional
La reacción del Partido Popular ante la propuesta de la nueva ley ha sido contundente. La formación ha presentado una serie de peticiones de comparecencia en el Congreso, exigiendo explicaciones sobre las discrepancias entre los ministros y el impacto que la nueva normativa podría tener en la seguridad nacional. El PP ha utilizado esta situación para cuestionar la capacidad del Gobierno para gestionar la información sensible y para poner de relieve las divisiones internas que podrían afectar la eficacia del Ejecutivo.
Además de las tensiones internas, el Gobierno también enfrenta presiones externas. El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) ha emitido un informe en el que critica la falta de avances en la lucha contra la corrupción en España. En este contexto, el PP ha solicitado una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso para que Bolaos explique la situación y las medidas que se están tomando para abordar las preocupaciones planteadas por el Greco. La falta de cumplimiento de las recomendaciones del organismo internacional ha generado un clima de desconfianza hacia el Gobierno, lo que podría agravar aún más las tensiones internas.
La situación actual refleja un momento crítico para el Gobierno español, que se enfrenta a desafíos tanto internos como externos. La propuesta de la nueva Ley de Información Clasificada no solo ha puesto de manifiesto las divisiones entre los ministros, sino que también ha abierto un debate más amplio sobre la transparencia y la gestión de información sensible en el país. A medida que se desarrollan los acontecimientos en el Congreso, será crucial observar cómo el Gobierno maneja estas tensiones y si logra alcanzar un consenso en torno a la nueva normativa.