Las recientes decisiones del Gobierno español han generado un clima de tensión entre sus socios de coalición, especialmente en lo que respecta al aumento del gasto en defensa. El presidente Pedro Sánchez ha anunciado un plan de inversiones que asciende a 10.471 millones de euros, con el objetivo de cumplir con el compromiso del 2% del PIB para la defensa, tal como se acordó con la OTAN. Sin embargo, este anuncio ha sido recibido con críticas por parte de Sumar, el socio minoritario del Gobierno, que ha expresado su preocupación por la falta de consenso y la naturaleza del gasto propuesto.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha sido una de las voces más críticas dentro de Sumar, señalando que el paquete de inversiones no debería ser aprobado sin un debate adecuado en el Congreso. A pesar de las quejas, desde el ala socialista del Gobierno se minimiza la importancia de este desacuerdo, argumentando que Sumar ha cumplido con su papel de oposición constructiva y que no hay riesgo de ruptura en la coalición. Según fuentes del Gobierno, los ministros socialistas consideran que las críticas de Sumar son más bien una escenificación y que la lealtad entre los socios se mantiene firme.
El plan de defensa incluye una partida significativa destinada a la compra de armamento, que representa el 18,75% del total del gasto. Esta cifra ha generado especial preocupación entre los miembros de Sumar, quienes han calificado el gasto como «exacerbado» y han cuestionado la falta de claridad sobre el destino de las inversiones. En este contexto, Yolanda Díaz ha presentado formalmente sus objeciones en el Consejo de Ministros, donde se ha discutido el impacto de este aumento en el gasto militar en las políticas sociales del Gobierno.
Por otro lado, la presión ejercida por Podemos sobre Sumar ha añadido una capa adicional de complejidad a la situación. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha instado a la movilización social en contra del aumento del gasto militar, recordando las protestas que tuvieron lugar en 2003 contra la guerra de Irak. Sin embargo, los ministros socialistas han desestimado esta comparación, afirmando que la ciudadanía es consciente de la necesidad de fortalecer la defensa en un contexto internacional complicado.
A pesar de las tensiones, el Gobierno ha defendido la necesidad de este plan de inversiones, argumentando que no competirá con las iniciativas sociales. Desde el núcleo duro del Gobierno, se ha señalado que las diferencias en torno al gasto en defensa son naturales en una coalición compuesta por partidos con ideologías diversas. Pedro Sánchez ha enfatizado que, aunque existen discrepancias, estas se gestionan desde el respeto y el diálogo, y que hay un consenso en la mayoría de los puntos del plan.
La situación actual refleja las tensiones inherentes a una coalición de gobierno donde coexisten diferentes visiones sobre el papel del Estado en cuestiones de defensa y seguridad. Sumar ha intentado distanciarse del ala socialista, adoptando una postura más crítica hacia la OTAN y el gasto militar, lo que ha llevado a un debate interno sobre la dirección que debe tomar la coalición. Esta dinámica ha sido alimentada por la presión de Podemos, que busca recuperar la bandera del pacifismo y la oposición a la militarización, un tema que ha sido central en la política de la izquierda española desde hace décadas.
En este contexto, el futuro de la coalición dependerá de la capacidad de sus miembros para encontrar un terreno común en temas tan sensibles como la defensa. La aprobación del plan de inversión en defensa sin el respaldo del Congreso podría ser vista como un desafío a la legitimidad del proceso democrático, lo que podría tener repercusiones en la estabilidad del Gobierno. A medida que se acercan las elecciones, la gestión de estas tensiones será crucial para mantener la cohesión entre los socios de la coalición y para garantizar la continuidad del Gobierno de Sánchez.
Las tensiones en el seno del Gobierno reflejan un momento crítico en la política española, donde las decisiones sobre el gasto en defensa no solo afectan a la seguridad nacional, sino que también tienen implicaciones profundas para la política social y económica del país. La capacidad de los líderes políticos para navegar estas aguas turbulentas será determinante para el futuro del Gobierno y para la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.