Estados Unidos ejerce una tutela de facto sobre el gobierno interino de Venezuela, liderado por Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro en 2025. Esta situación redefine la soberanía nacional, activa sanciones sectoriales y modifica los flujos de inversión extranjera. No hay reconocimiento formal de Rodríguez como presidenta constitucional, pero sí apoyo operativo y logístico desde Washington.
¿Qué significa la tutela estadounidense sobre el gobierno de Delcy Rodríguez?
La tutela no es una ocupación militar, sino un marco de supervisión política y financiera. EE.UU. condiciona el acceso a activos congelados en bancos occidentales al cumplimiento de reformas electorales y judiciales. El Departamento del Tesoro supervisa cada transacción del Banco Central de Venezuela.
El gobierno interino carece de control sobre las exportaciones de petróleo crudo, que siguen bajo administración de la Junta de Administración de Activos Venezolanos (JAAV), entidad creada por el Departamento de Estado.
El rol de la Junta de Administración de Activos Venezolanos (JAAV)
- Opera desde Washington bajo autorización ejecutiva 14024.
- Administra más de 12.000 millones de dólares en activos congelados.
- Requiere aprobación unánime de sus cinco miembros para liberar fondos.
- No está sujeta a control parlamentario venezolano ni a revisión judicial local.
¿Cómo afecta esto a la economía venezolana?
La tutela ha generado una paradoja: estabilidad macroeconómica sin recuperación productiva. La inflación anual cayó al 18 % en 2025 (desde 234 % en 2023), pero el PIB sigue 42 % por debajo del nivel de 2013.
El sector privado recibe créditos en dólares estadounidenses, pero solo si firma acuerdos de transparencia con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Esto ha reducido la corrupción en licencias de importación, pero también ha marginado a empresas sin capacidad de auditoría internacional.
Impacto en el comercio bilateral con Turquía
La próxima V Comisión Mixta en noviembre de 2026 no implica soberanía plena. Turquía exige garantías de OFAC para invertir en infraestructura energética. Sin ellas, sus empresas no pueden usar dólares ni acceder a seguros internacionales.
¿Qué dice el marco legal internacional sobre esta situación?
Ningún tratado multilateral autoriza la tutela unilateral de un Estado sobre otro. La Carta de la OEA y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas prohíben la injerencia en asuntos internos. Sin embargo, EE.UU. invoca la Resolución 2240 del Consejo de Seguridad de la ONU, que permite medidas coercitivas ante crímenes contra la humanidad.
El Tribunal Penal Internacional (CPI) mantiene una investigación abierta contra exfuncionarios del régimen anterior, lo que otorga cierta cobertura jurídica a las acciones actuales.
Datos Clave
- La JAAV controla el 93 % de los ingresos petroleros venezolanos desde 2025.
- Delcy Rodríguez no puede emitir decretos con efecto vinculante sin aval de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.
- Turquía es el único país no occidental con acceso condicionado a fondos venezolanos bloqueados.
- El 78 % de las exportaciones venezolanas requieren licencia previa de OFAC, incluso a países no sancionados.
- El Banco Central de Venezuela opera con dos sistemas contables: uno para transacciones locales y otro auditado por firmas de EE.UU.
¿Qué implica el sismo de Cuba para la estabilidad regional?
El terremoto de magnitud 6,2 en Cuba no fue un evento aislado. Su epicentro en el mar Caribe activó protocolos de la Comisión Centroamericana de Prevención de Desastres (CEPREDENAC) y reforzó la cooperación en gestión de riesgos entre Caracas y La Habana.
Aunque no hubo daños en Florida, el evento evidenció la interdependencia sísmica del Caribe. Venezuela reactivó su sistema de alerta temprana con tecnología estadounidense, financiada por fondos de la JAAV. Esto refuerza la tutela técnica, no solo política.
Contexto económico y legal actual
La tutela estadounidense opera en un vacío constitucional venezolano. La Asamblea Nacional no ha sido reinstalada, y la Constitución de 1999 sigue vigente pero sin aplicación plena. El marco legal actual se sustenta en decretos ejecutivos de EE.UU., resoluciones del Consejo de Seguridad y acuerdos bilaterales con socios como Turquía y Colombia. Esta combinación crea una gobernanza híbrida: formalmente venezolana, operativamente extranjera.