En el corazón de Getxo, un municipio de la provincia de Bizkaia, se ha desatado un escándalo que involucra a miembros del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y un polémico proyecto urbanístico. La situación ha llevado a la Ertzaintza, la policía vasca, a realizar registros en el Ayuntamiento local, buscando pruebas relacionadas con el derribo de un palacete histórico, conocido como Irurak bat, que estaba en proceso de rehabilitación. Este caso ha captado la atención de la opinión pública y ha generado un intenso debate sobre la ética en la gestión urbanística y la transparencia en la política local.
La trama se remonta a la compra de uno de los pisos que se planeaban construir en el lugar donde se encontraba el palacete. Los concejales del PNV, Ignacio Gorostiaga e Irantzu Uriarte, formalizaron la adquisición de un inmueble por 571.000 euros más IVA, justo después de que el Ayuntamiento, bajo su dirección, autorizara la licencia para la rehabilitación del edificio. Sin embargo, el 1 de agosto de 2024, el palacete fue derribado, lo que desencadenó una serie de investigaciones judiciales por un presunto delito contra el patrimonio histórico.
La Ertzaintza ha estado investigando este caso desde octubre de 2024, cuando se presentó una denuncia que señalaba irregularidades en la tramitación urbanística del proyecto. Los registros realizados en los despachos de los concejales y en las dependencias del área de Urbanismo han revelado una serie de irregularidades que han puesto en entredicho la gestión del PNV en el Ayuntamiento de Getxo. La alcaldesa, Amaia Agirre, también del PNV, ha manifestado su disposición a colaborar con la justicia, aunque ha evitado comparecer ante los medios de comunicación.
La situación se complica aún más con las acusaciones de ocultamiento de información por parte de los concejales implicados. Eduardo Andrade, portavoz del Partido Popular (PP) en el Consistorio, ha denunciado que los ediles han estado escondiendo información relevante sobre la tramitación del proyecto. Según Andrade, la rehabilitación del palacete tenía como beneficiarios directos a los concejales, lo que plantea serias dudas sobre la imparcialidad de las decisiones tomadas en el Ayuntamiento.
### La trama urbanística y sus implicaciones
El palacete Irurak bat, que contaba con una protección singular de custodia municipal, fue objeto de un proyecto de rehabilitación que, tras varios intentos fallidos, fue reactivado por el gestor de cooperativas de vivienda Ander Madariaga. Sin embargo, los cambios en la tramitación del proyecto han levantado sospechas entre los investigadores. Se ha señalado que la concejal Irantzu Uriarte votó a favor de la licencia para la rehabilitación de un edificio que iba a convertirse en su futura vivienda de lujo, sin informar de su interés personal en el asunto.
Los registros realizados por la Ertzaintza han revelado que las fachadas del palacete, que debían ser conservadas, fueron derribadas por los promotores de la obra. Este hecho fue certificado por agentes de la Policía Local, quienes documentaron que, para el 2 de agosto de 2024, solo quedaban escombros del edificio. La justificación presentada por los responsables de la obra fue una supuesta fuga de agua, pero los investigadores han señalado que el derribo representaba un ahorro significativo en los costos de construcción de los nuevos pisos de lujo.
El informe policial estima que el beneficio económico derivado del derribo asciende a 732.506 euros, lo que ha llevado a cuestionar la legalidad y la ética de las decisiones tomadas por los concejales del PNV. La situación ha generado un clima de desconfianza entre los ciudadanos de Getxo, quienes exigen transparencia y responsabilidad a sus representantes políticos.
### Reacciones políticas y el futuro del caso
La situación ha provocado reacciones diversas en el ámbito político. Mientras que el PP y EHBildu han exigido una investigación exhaustiva y la depuración de responsabilidades, el PNV ha defendido la legalidad de sus acciones y ha manifestado su disposición a colaborar con la justicia. Sin embargo, la presión sobre los concejales implicados aumenta a medida que se revelan más detalles sobre la trama urbanística.
El caso ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar los procedimientos de gestión urbanística en el municipio y ha abierto un debate sobre la ética en la política local. La ciudadanía exige que se tomen medidas para garantizar que situaciones como esta no se repitan en el futuro. La Ertzaintza continúa con su investigación, y el secreto del sumario ha sido decretado por el juez, lo que limita la información disponible sobre el avance del caso.
A medida que se desarrollan los acontecimientos, la atención se centra en cómo se resolverá esta crisis en el PNV y qué consecuencias tendrá para los concejales implicados. La situación en Getxo es un recordatorio de la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la política, especialmente en cuestiones que afectan al patrimonio histórico y cultural de la comunidad.