La situación actual de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es alarmante. Con un atasco significativo en la programación de juicios, los casos relacionados con presuntos delitos de corrupción están siendo fijados para el año 2027. Esta situación no solo afecta la celeridad de la justicia, sino que también implica que, en caso de condena, se aplicará casi siempre la atenuante de dilaciones indebidas, lo que conlleva una reducción de las penas a imponer. Ante esta problemática, el tribunal especializado en terrorismo y delitos económicos está buscando soluciones para acelerar la celebración de juicios. Una de las propuestas es el refuerzo de los magistrados en las cuatro secciones de su Sala de lo Penal, donde se ha identificado la necesidad de al menos dos magistrados adicionales para que la Sección Segunda pueda duplicar los señalamientos.
Fuentes jurídicas han indicado que la Sala de Gobierno envió al Consejo General del Poder Judicial una propuesta de nombramiento en septiembre, que incluye nombres destacados como el de Pablo Ruz, quien anteriormente ocupó el cargo de Juez Central de Instrucción número 5. Sin embargo, la tramitación de esta designación aún está pendiente del visto bueno del Ministerio de Justicia y de la Comisión Permanente del CGPJ. En la última reunión de 2025, se renovaron las comisiones de servicios de otros dos magistrados que ya están en la Sala de lo Penal, lo que refleja la necesidad urgente de reforzar el sistema judicial.
Uno de los casos que ha contribuido al retraso es el de la trama Gürtel, que ha generado numerosas piezas judiciales. La Sección Segunda de lo Penal, encargada de estos juicios, es la que presenta mayores demoras, ya que ha tenido que lidiar con el enjuiciamiento de múltiples piezas del caso. La sentencia más relevante de esta trama fue la que motivó la moción de censura que llevó al Gobierno de Pedro Sánchez al poder. La última pieza en ser juzgada, relacionada con los delitos fiscales de Francisco Correa, está actualmente a la espera de sentencia. Sin embargo, el retraso no se limita a esta sección, ya que otros casos, como el de los Pujol, también están sufriendo demoras significativas. Este juicio comenzó el 24 de noviembre, a pesar de que la instrucción se concluyó en 2020, y se prevé que no finalice hasta mayo de 2026.
Los problemas de programación de juicios en la Audiencia Nacional son complejos y multifacéticos. Uno de los principales obstáculos es la coincidencia de fechas entre los abogados de los acusados, que a menudo tienen otros compromisos judiciales. Esto ha llevado a que se pospongan juicios, como ha sucedido con piezas del caso Lezo, donde el principal acusado es el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Por ejemplo, uno de los juicios relacionados con la construcción de un campo de golf sobre los depósitos del Canal de Isabel II ha sido programado para septiembre de 2027, mientras que otros casos, como la compra de la empresa colombiana Inassa, aún no tienen fecha asignada, a pesar de que la instrucción se cerró en 2019.
Además, la Audiencia Nacional enfrenta un cúmulo de juicios relacionados con la trama Púnica, que involucra a figuras destacadas como Francisco Granados, exsecretario general del PP madrileño. Recientemente, se ha concluido un juicio por amaños en la contratación de certificados energéticos, resultando en la condena de seis exalcaldes y un empresario clave. Otro juicio, relacionado con irregularidades en la contratación de música para eventos públicos, está programado para comenzar en enero.
Entre los casos más notorios que se están gestionando se encuentra la operación Kitchen, que involucra a altos funcionarios del Gobierno de Mariano Rajoy, incluyendo al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Este juicio está previsto para iniciarse en mayo de 2026. La preferencia de las causas con presos sobre las de corrupción complica aún más la situación, ya que estas últimas suelen tener un número elevado de acusados y abogados, lo que provoca que se celebren en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, cuando hay disponibilidad.
Para abordar esta crisis, la Audiencia Nacional también ha implementado refuerzos en los juzgados centrales de Instrucción. Por ejemplo, el Juzgado Central de Instrucción número 6 ha recibido apoyo desde que su titular era Manuel García Castellón, facilitando el avance en las investigaciones del caso Tándem, que examina las cloacas policiales y tiene como principal imputado al excomisario José Manuel Villarejo. Además, se está considerando ampliar estas medidas al Juzgado Central de Instrucción número 1, que ha estado a cargo de casos de gran relevancia, como el que concluyó con la condena del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por un incidente controvertido durante un evento deportivo.
La situación actual de la Audiencia Nacional es un reflejo de los desafíos que enfrenta el sistema judicial en España, donde la lucha contra la corrupción y la necesidad de justicia rápida y efectiva son más relevantes que nunca. La falta de recursos y la acumulación de casos pendientes están poniendo a prueba la capacidad de las instituciones para cumplir con su deber de impartir justicia de manera oportuna y equitativa.