La segunda vuelta presidencial peruana del 7 de junio de 2026 enfrenta una profunda crisis de legitimidad. Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga lideran las preferencias con apenas el 16,97% y 14,9% de los votos, respectivamente. El bajo respaldo refleja desconfianza ciudadana, fragmentación partidaria y fallas institucionales graves. Más de un millón de peruanos fueron impedidos de votar por errores de la ONPE, lo que afecta la credibilidad del proceso.
¿Por qué Fujimori y López Aliaga llegaron a la segunda vuelta con tan poca adhesión?
Ambos candidatos representan fuerzas de derecha, pero su avance no responde a un impulso popular sólido. Keiko Fujimori lidera Fuerza Popular, un partido con fuerte arraigo mediático pero condenado judicialmente en múltiples causas. Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y figura de Renovación Popular, construyó su discurso en torno a valores conservadores y su pasado en el Opus Dei. Sin embargo, su apodo popular —»Porky»— evidencia la distancia entre su imagen y la percepción ciudadana.
El sistema electoral peruano permitió la inscripción de 35 candidatos, muchos de los cuales cambiaron de partido en comicios anteriores. El 70% de los aspirantes ya había postulado bajo otras siglas. Esa volatilidad partidaria diluyó el voto y favoreció la polarización artificial entre dos figuras con escasa renovación ideológica.
¿Qué revela el bajo caudal electoral?
Un respaldo menor al 17% en primera vuelta no es un dato aislado. Es un síntoma de desafección política estructural. La participación ciudadana cayó a niveles históricos. El voto en blanco y nulo supera el 22% en zonas urbanas clave. Esto no es abstención pasiva: es un rechazo explícito al sistema.
¿Cómo afectaron las fallas técnicas y logísticas al proceso?
El escrutinio se retrasó por múltiples fallas. La ONPE no distribuyó a tiempo el material electoral en más del 40% de mesas. Fallas eléctricas y colapsos en su plataforma digital impidieron la transmisión oportuna de actas. En zonas rurales de Ayacucho y Huánuco, los jurados electorales no recibieron cédulas ni urnas hasta horas después del inicio de la jornada.
¿Qué dice la ley sobre el derecho al voto en estos casos?
El artículo 31 de la Constitución peruana establece que el voto es un derecho fundamental y obligatorio. La Ley N.° 26859 prohíbe impedir el sufragio bajo cualquier excusa administrativa. Sin embargo, más de 1,1 millones de ciudadanos fueron despedidos de sus locales de votación con la excusa de «falta de material». El Tribunal Constitucional ya emitió un fallo preliminar señalando que esta omisión constituye una violación grave al debido proceso electoral.
¿Qué impacto económico tiene esta inestabilidad institucional?
El Perú perdió 1,2 puntos del crecimiento proyectado para 2026, según el Banco Central de Reserva. La inversión extranjera directa cayó un 18% en el primer trimestre. Los bonos soberanos en dólares perdieron un 7% de su valor en bolsa. El riesgo país subió 140 puntos básicos. Empresas mineras postergaron decisiones de expansión en Ancash y Moquegua. El sector turístico reportó una caída del 30% en reservas para junio.
¿Qué papel juegan las encuestadoras en la confusión electoral?
Mientras Ipsos proyectaba una segunda vuelta entre Fujimori y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, la ONPE confirmó a López Aliaga en segundo lugar. La discrepancia no es técnica: es política. Datum y Ipsos usan metodologías distintas, pero ambas coinciden en que el voto antipolítico —blanco, nulo y abstención— supera al voto válido en 12 de las 25 regiones.
Datos Clave
- Keiko Fujimori obtuvo el 16,97% de los votos; López Aliaga, el 14,9%
- Más de 1,1 millones de peruanos fueron impedidos de votar por fallas de la ONPE
- El voto en blanco y nulo supera el 22% en 12 regiones
- El 70% de los candidatos presidenciales ya había cambiado de partido en elecciones anteriores
- El riesgo país peruano subió 140 puntos básicos tras los resultados preliminares
- La inversión extranjera directa cayó 18% en el primer trimestre de 2026