Un hombre de 28 años fue detenido en Torrent por malos tratos en el ámbito familiar, tras ejercer violencia física y psicológica contra su pareja durante su embarazo y tras el nacimiento de su hijo. La víctima, en situación de alta vulnerabilidad, denunció agresiones desde el primer trimestre. El agresor rechazó la gestación y usó al bebé lactante como herramienta de control. La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) intervino tras una denuncia urgente el 19 de mayo de 2026.
¿Qué motivó la detención en Torrent?
La detención se produjo tras una investigación iniciada por la Jefatura Superior de Policía tras una denuncia presentada por la víctima. Esta había sufrido agresiones repetidas desde que reveló su embarazo. El rechazo del agresor a la gestación fue el detonante del ciclo de violencia.
El rol del embarazo como factor agravante
El embarazo no fue un momento de protección, sino de mayor riesgo. La víctima fue golpeada incluso en el octavo mes de gestación. Tuvo que huir de la vivienda y refugiarse en casa de una vecina para evitar más lesiones.
¿Cómo se manifestó la violencia psicológica?
La violencia psicológica fue sistemática y estratégica. El agresor amenazó con quitarle al bebé lactante de dos meses. Usó al menor como instrumento de presión emocional, generando miedo constante y dependencia psicológica.
Amenazas con la custodia del menor
Las amenazas no eran genéricas. El detenido afirmó que otra mujer criaría al bebé si la madre no obedecía. Esto constituye coacción familiar y forma parte de la violencia vicaria, reconocida legalmente como agravante en la Ley Orgánica 1/2004.
¿Qué papel juega la UFAM en estos casos?
La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) es la primera línea de respuesta especializada. En Torrent, sus agentes activaron protocolos de protección inmediata. Realizaron entrevistas con testigos, revisaron historiales médicos y coordinaron con servicios sociales y el Equipo de Valoración de Riesgo (EVR).
Coordinación interinstitucional clave
La UFAM no actúa sola. Trabaja con juzgados de violencia sobre la mujer, fiscalías y equipos psicosociales. Esta coordinación permitió agilizar medidas cautelares y garantizar la seguridad de la mujer y el menor.
¿Qué marco legal protege a las víctimas en estos casos?
El caso se enmarca en la Ley Orgánica 1/2004, que tipifica los malos tratos en el ámbito familiar como delito autónomo. Además, la Ley 4/2015 refuerza la protección de menores expuestos a violencia. El uso del bebé como arma de control activa el agravante de violencia vicaria, con penas más severas.
Impacto económico y social del caso
Los costes asociados a la violencia de género superan los 1.200 millones de euros anuales en España, según el Instituto de la Mujer. Cada caso como este implica gastos en atención sanitaria, judicial, psicológica y de acogida. La intervención temprana de la UFAM reduce hasta un 40 % los costes posteriores.
Datos Clave
- El detenido actuó tras conocer el embarazo de su pareja.
- La víctima sufrió agresiones físicas desde el primer trimestre.
- El bebé de dos meses fue usado como instrumento de coacción.
- La UFAM activó el Equipo de Valoración de Riesgo (EVR) en menos de 24 horas.
- El caso se investiga bajo la figura de violencia vicaria, con agravante legal.
- La denuncia se realizó mediante el teléfono 016, sin rastro en facturas telefónicas.
La detención en Torrent refleja la efectividad de los protocolos especializados, pero también expone las brechas persistentes: el 68 % de las mujeres víctimas de violencia durante el embarazo no denuncia hasta después del parto. La prevención temprana, la formación de profesionales sanitarios y la visibilidad del 016 son claves para romper el ciclo.