El Tratado de Amistad entre España y Francia, firmado el 19 de enero de 2023 en Barcelona, sigue sin ratificarse tres años después. El bloqueo se produce en el Senado, donde el Partido Popular ejerce su mayoría absoluta para cuestionar su constitucionalidad. El acuerdo busca profundizar la cooperación bilateral, pero su parálisis afecta a proyectos transfronterizos, inversión conjunta y movilidad ciudadana.
¿Qué impide la ratificación del Tratado de Amistad España-Francia?
El principal obstáculo es un recurso ante el Tribunal Constitucional, presentado el 9 de julio de 2026 por el Partido Popular en el Senado. El recurso cuestiona especialmente el artículo 2.4, que prevé la participación de un ministro francés en determinados Consejos de Ministros españoles. Los populares argumentan que esto podría vulnerar la soberanía nacional y la competencia exclusiva del Gobierno español.
El Gobierno de coalición lo rechaza como una maniobra política. Asegura que la cláusula es simbólica y operativa solo en ámbitos técnicos acordados bilateralmente, como energía o infraestructuras.
¿Qué dice el artículo 2.4 del tratado?
El artículo 2.4 establece que un ministro francés podrá asistir, con voz pero sin voto, a reuniones del Consejo de Ministros español en materias de interés común. No implica delegación de competencias ni afecta al principio de unidad del Gobierno. Su aplicación requiere acuerdo previo y está sujeta a protocolos específicos.
¿Cuál es la postura oficial de Francia?
La Embajada de Francia en España ha emitido un comunicado claro y mesurado. Reconoce el recurso, lo respetan plenamente, y subrayan que corresponde al Tribunal Constitucional resolver la cuestión. París insiste en que el tratado refuerza la autonomía estratégica europea, la transición ecológica y la seguridad colectiva.
Francia espera una resolución ágil. El retraso afecta a iniciativas ya en marcha, como el corredor ferroviario Barcelona-Perpiñán, el proyecto de hidrógeno verde en la frontera, y los programas de intercambio académico del Espacio Europeo de Educación Superior.
¿Qué impacto económico tiene el bloqueo?
El tratado incluye cláusulas para facilitar la inversión cruzada y simplificar trámites aduaneros. Su parálisis frena:
- La creación de 12.000 empleos previstos en proyectos de infraestructura binacional.
- La atracción de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para proyectos transfronterizos.
- La reducción del tiempo medio de exportación entre ambas economías, actualmente un 18 % superior al promedio UE.
¿Qué marco legal regula la ratificación de tratados en España?
La Constitución Española (artículo 93 y 94) exige que los tratados internacionales requieran la autorización previa de las Cortes Generales. El procedimiento varía según su naturaleza: los de carácter político o que impliquen modificación de leyes necesitan aprobación por ley orgánica. El Tratado de Amistad se tramita como acuerdo de cooperación general, pero su artículo 2.4 ha generado dudas sobre su alcance jurídico.
El Tribunal Constitucional ya ha resuelto casos similares, como el recurso contra el Acuerdo de Cooperación con Marruecos (2019), donde validó la participación de autoridades extranjeras en foros técnicos siempre que no afecten al ejercicio de soberanía.
¿Qué dice la doctrina jurídica sobre la participación de ministros extranjeros?
Expertos en derecho internacional público, como la catedrática María José Rodríguez, señalan que la figura es habitual en la UE. Ejemplos: el ministro alemán de Energía en el Consejo de Ministros de Transición Energética de la UE. La clave está en la ausencia de voto y en la naturaleza consultiva de la participación.
Datos Clave
- El tratado fue firmado el 19 de enero de 2023 en el MNAC de Barcelona.
- Lleva más de 36 meses sin ratificar, pese a su aprobación en el Congreso de los Diputados.
- El recurso ante el Tribunal Constitucional fue presentado el 9 de julio de 2026, paralizando la tramitación.
- Francia y España comparten más de 1.200 km de frontera terrestre y 200.000 ciudadanos bilingües en zonas limítrofes.
- El tratado prevé la creación de una Comisión Bilateral de Alto Nivel, con sede rotatoria en Madrid y París.
El estancamiento no es solo técnico: es un termómetro de la gobernabilidad en España y de la capacidad de los Estados miembros para impulsar la integración europea desde lo bilateral. Mientras el Tribunal Constitucional no se pronuncie, los ciudadanos de la frontera siguen esperando mejoras en transporte, salud transfronteriza y reconocimiento de títulos. La ratificación no es un gesto diplomático: es una herramienta práctica para la cohesión territorial y económica.