Una mujer de 65 años con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) denunció una agresión sexual dentro del Centro de Esclerosis Múltiple Alicia Koplowitz de Madrid. El hecho ocurrió en marzo de 2025. La paciente depende totalmente de cuidados. El acusado es un auxiliar de enfermería detenido y en libertad provisional. El caso ha generado alarma en el sector sociosanitario. Revela fallos en la supervisión de personal en centros de larga estancia. También pone en duda los protocolos de protección a personas con discapacidad severa.
¿Qué ocurrió en la habitación de la paciente con ELA?
La denuncia señala que el auxiliar de enfermería entró en la habitación de la mujer a las primeras horas del 27 de marzo de 2025. Lo hizo bajo el pretexto de cambiarle el pañal, una tarea habitual. Sin embargo, la paciente declaró que el hombre comenzó a tocarle los pechos, se sacó el miembro viril y lo colocó en su mano. Le dijo: «¡qué guapa eres, mira cómo me tienes!». También le pidió una felación, que ella rechazó. Luego la lamió y acarició por todo el cuerpo. Al salir, le advirtió: «tú, calladita».
Falta de autonomía como factor de vulnerabilidad
La paciente sufre graves limitaciones motoras. No pudo resistirse ni pedir ayuda en el momento. Su dependencia total amplifica el riesgo de abuso. No pudo dormir esa noche. Al amanecer, informó a la directora del centro. Luego llamó a su hermano, quien la acompañó a la comisaría de San Blas.
¿Cómo respondió el centro Alicia Koplowitz?
El centro, gestionado por la Comunidad de Madrid, despidió al auxiliar de enfermería tras la denuncia. No emitió comunicado público. Los agentes volvieron al lugar para tomar declaración. La mujer identificó al acusado mediante fotografía. El caso sigue en instrucción. La libertad provisional del acusado ha generado críticas por posibles riesgos para otras residentes.
Supervisión insuficiente en residencias especializadas
El centro atiende a personas con esclerosis múltiple y otras enfermedades afines. Su modelo de atención requiere altos estándares éticos y de seguridad. Sin embargo, no existen registros públicos de auditorías recientes sobre controles de acceso, cámaras en zonas privadas o formación obligatoria en prevención de abusos. Esto evidencia una brecha entre normativa y práctica.
¿Qué dice la ley sobre protección de personas con discapacidad en centros residenciales?
La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal exige protocolos de prevención de malos tratos. El Real Decreto 177/2022 establece obligaciones de formación continua para personal sanitario y sociosanitario. También exige mecanismos de denuncia interna y externa. Sin embargo, no hay sanciones automáticas por incumplimiento. La Ley Orgánica 1/2015 tipifica como agravante el abuso contra personas con discapacidad grave. Aún así, los procesos judiciales suelen tardar más de 18 meses.
Impacto económico y reputacional del caso
El centro Alicia Koplowitz recibe financiación pública y privada. Cualquier escándalo afecta su acreditación y su capacidad para captar fondos. El sector residencial en España mueve más de 4.200 millones de euros anuales. Casos como este erosionan la confianza de familias y aseguradoras. También presionan para exigir auditorías externas obligatorias y sistemas de alerta temprana.
¿Qué datos clave deben conocer los familiares y profesionales?
- La paciente tiene 65 años y vive con ELA desde hace ocho años.
- El acusado es un auxiliar de enfermería colombiano, casado y en libertad provisional.
- El hecho ocurrió en una habitación privada del centro residencial, sin testigos directos.
- La denuncia incluye actos de exhibicionismo, tocamientos no consentidos y coacción verbal.
- El centro no activó un protocolo de protección inmediato tras la primera notificación interna.
- No hay registros públicos de evaluaciones de riesgo psicosocial al personal contratado.
El caso no es aislado. Según el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Discapacidad, el 72 % de las denuncias por abuso sexual en centros residenciales provienen de personas con discapacidad motriz severa. El 89 % de los agresores son personal de cuidados directos. La mayoría de los hechos ocurren entre las 2:00 y las 6:00 horas. La falta de grabación en zonas privadas sigue siendo una práctica extendida, pese a las recomendaciones del Defensor del Pueblo.