La Ley Orgánica de Integridad Pública sigue sin aprobarse, pese a su anuncio oficial en 2024. Su retraso coincide con nuevos escándalos que erosionan la confianza ciudadana. El proyecto, previsto para su aprobación en Consejo de Ministros este martes, llega en un contexto de alta presión política y judicial. Su futuro en el Congreso es incierto por la proximidad de las elecciones generales.
¿Qué prevé la Ley Orgánica de Integridad Pública?
El texto contiene 20 medidas estructurales, centradas en transparencia, prevención y sanción. Entre ellas destacan la creación de una Agencia Estatal de Integridad, la obligatoriedad de declaraciones patrimoniales actualizadas cada año y la prohibición de puertas giratorias en sectores estratégicos como energía, defensa y sanidad.
Ampliación del régimen de incompatibilidades
La ley propone extender las restricciones a cargos directivos de empresas públicas y sociedades mercantiles con participación estatal superior al 25 %. También incluye un registro público de actividades post-laborales, accesible en tiempo real.
Nuevas obligaciones para altos cargos
Los ministros, secretarios de Estado y directores generales deberán someterse a evaluaciones anuales de riesgo ético. Se establece un código de conducta vinculante, con sanciones administrativas y pérdida de inmunidad parlamentaria en casos graves.
¿Por qué se ha retrasado tanto su aprobación?
El proyecto ha sufrido tres revisiones técnicas desde su presentación en septiembre de 2024. Cada una incorporó ajustes tras presiones del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial. Además, el debate interno entre PSOE y Sumar ralentizó su redacción final.
El impacto del caso Zapatero
La presunta intervención de José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de Plus Ultra activó alertas sobre la falta de regulación de los ex presidentes del Gobierno. Su estatus como consejero nato del Consejo de Estado y su vinculación con empresas privadas generó críticas transversales.
¿Qué propone Sumar para reforzar la integridad?
Sumar presentó en junio de 2026 un proyecto alternativo centrado en los expresidentes. Su iniciativa incluye una prohibición de 10 años para ejercer en sectores estratégicos y la eliminación de la pensión vitalicia como derecho automático.
Reforma del Consejo de Estado
La propuesta exige que los ex presidentes renuncien a su condición de consejeros natos si aceptan empleos privados. También limita su acceso a información clasificada tras dejar el cargo.
¿Cuál es el marco legal y económico actual?
España ocupa el puesto 35 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparency International. El coste estimado de la corrupción para la economía nacional supera los 5.200 millones de euros anuales, según el Banco de España. Legalmente, la Ley 19/2013 de Transparencia sigue siendo la base normativa, pero carece de mecanismos sancionadores efectivos.
Datos Clave
- La Ley Orgánica de Integridad Pública lleva 22 meses en fase de redacción.
- El proyecto incluye 20 medidas, pero solo 7 tienen presupuesto asignado.
- La pensión de expresidentes sigue vigente y asciende a 68.000 €/año.
- Sumar exige 10 años de incompatibilidad, mientras el PSOE propone 5.
- El registro de puertas giratorias no será obligatorio hasta 2027, si se aprueba la ley.
El retraso no es técnico: es político. La ley se debate en un escenario de desgaste institucional, con la imputación de Begoña Gómez y la presión de los casos Plus Ultra y Mercasevilla. Su aprobación condicionará la credibilidad del próximo Gobierno. Sin ella, las reformas éticas seguirán siendo anuncios sin consecuencias reales.