La UME ha asumido un rol operativo sin precedentes en la extinción de incendios forestales. Tras la declaración de emergencia nacional, el Gobierno central activó sus medios terrestres y coordinó la solicitud de apoyo aéreo europeo. Esto ocurre en un contexto de saturación de los servicios autonómicos y críticas por falta de personal y recursos en comunidades como Madrid.
¿Por qué la UME está liderando la respuesta a los incendios forestales?
La UME no es un cuerpo de extinción de incendios. Su misión legal, según el Real Decreto 1182/2007, es intervenir en emergencias de carácter extraordinario. Sin embargo, la emergencia nacional declarada en julio de 2026 activó su despliegue masivo. Camiones, equipos especializados y personal técnico se han desplegado en zonas críticas como Almorox.
Esto responde a una brecha operativa: varias comunidades autónomas no han cubierto sus plantillas de bomberos forestales, como denunciaron los profesionales de Madrid. La falta de contratación impide la activación inmediata de unidades locales, forzando la intervención central.
¿Qué dice la ley sobre la competencia en extinción de incendios?
La competencia en protección civil y extinción de incendios forestales es atribución compartida. Las comunidades autónomas gestionan sus propios servicios, pero el Estado puede intervenir cuando hay riesgo para la seguridad nacional o cuando se superan sus capacidades. La Ley 17/2015 de Protección Civil y el Plan Estatal de Protección Civil ante Incendios Forestales (PEPCIF) establecen los protocolos de coordinación.
Sin embargo, no existe una norma que obligue a las comunidades a mantener plantillas mínimas. Esto genera desigualdades regionales y dependencia de la UME en momentos críticos.
¿Cuál es el impacto económico de esta dependencia de la UME?
El despliegue de la UME tiene un coste directo para las arcas públicas. Cada día de operación implica gastos en combustible, mantenimiento, logística y personal. Según datos del Ministerio de Defensa, el coste medio diario de una unidad de intervención forestal de la UME supera los 120.000 euros.
Además, la falta de inversión autonómica en prevención y dotación genera costes indirectos: mayores daños a infraestructuras, pérdida de biodiversidad y caída del turismo rural. En 2025, los incendios causaron pérdidas económicas estimadas en 2.100 millones de euros, según el Banco de España.
¿Qué pasa con la cooperación entre administraciones?
La tensión política entre el Gobierno central y algunas comunidades autónomas ha afectado la coordinación operativa. La crítica del ministro Óscar Puente y la respuesta de Alma Ezcurra, calificando sus palabras de «miserables«, evidencian una fractura en el modelo de cooperación leal exigido por la Constitución.
Esto no es solo retórica: retrasa la activación de recursos, complica la gestión de la información y frena la toma de decisiones en tiempo real.
Datos Clave
- La UME intervino en el 68 % de los incendios de nivel 3 o superior en 2025.
- La Comunidad de Madrid dejó sin cubrir el 32 % de sus plazas de bomberos forestales en 2026.
- Grecia e Italia enviaron dos Canadair CL-415 cada uno tras la solicitud de ayuda aérea de España.
- El Plan Estatal de Protección Civil ante Incendios Forestales (PEPCIF) exige coordinación, pero no fija mínimos obligatorios de personal.
- El coste medio diario de una unidad de la UME en operación supera los 120.000 euros.
Contexto actual y marco práctico
Los incendios forestales en España han aumentado un 41 % en intensidad desde 2020, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). El cambio climático acelera la sequía y amplía la temporada de riesgo. Esto exige una redefinición del rol de la UME: no como sustituto permanente, sino como refuerzo estratégico.
La solución no es política, sino técnica y presupuestaria. Requiere actualizar los planes de prevención, reforzar las plantillas autonómicas con contratos estables y dotar de autonomía operativa a los cuerpos locales. La UME debe seguir siendo el respaldo, no el primer escalón.
La cooperación leal, exigida por el artículo 155 de la Constitución, no es un concepto retórico. Es una condición operativa para salvar vidas y territorio.