La investigación que involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha tomado un nuevo giro con la citación de importantes figuras del sector empresarial. El juez Juan Carlos Peinado ha convocado a Marc Murtra, presidente de Telefónica, para que declare como testigo el próximo 28 de mayo. Esta decisión se produce en el contexto de una investigación que examina presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias relacionados con la gestión de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), dirigida por Gómez.
La cátedra en cuestión ha sido objeto de controversia debido a las acusaciones de que Gómez se habría apropiado del software desarrollado en el marco de esta iniciativa. Las citaciones de Murtra y del empresario Rosauro Varo, quien también tiene vínculos con Telefónica, se producen tras las solicitudes de varias acusaciones populares, como HazteOir y Manos Limpias, que han instado al juez a llamar a declarar a varios exdirectivos de Google e Indra.
Las acusaciones sostienen que estos directivos desempeñaron un papel crucial en la inversión y desarrollo del software vinculado a la cátedra. En particular, se menciona que Google invirtió 110.000 euros y que Indra aportó 128.442 euros para el desarrollo del proyecto. La investigación se centra en la naturaleza de estos acuerdos y en si hubo irregularidades en la gestión de los fondos y en la propiedad intelectual del software.
Durante las declaraciones previas, varios testigos han indicado que, aunque conocían la existencia del convenio entre Google y la UCM, no estaban al tanto de los detalles específicos de la negociación. Fuencisla Clemares, exdirectora de Google en España y Portugal, afirmó que la decisión de participar en el proyecto fue aprobada por un comité interno, y que la propiedad intelectual del software debería pertenecer a la universidad. Clemares también destacó que, aunque había coincidido con Begoña Gómez en eventos institucionales, no había mantenido conversaciones directas con ella sobre el proyecto.
Por su parte, Ignacio Mataix y Cristina Ruiz, exdirectivos de Indra, también declararon que no tenían conocimiento de la inversión en el software, ya que no era un asunto que correspondiera a sus responsabilidades. Ambos indicaron que los proyectos de menor envergadura, como este, no eran discutidos en el comité de dirección.
La situación se complica aún más con la solicitud del sindicato Manos Limpias, que ha pedido al juez que retire el pasaporte a Begoña Gómez. Argumentan que sus frecuentes viajes al extranjero, sin justificación aparente, representan un riesgo de que pueda eludir la acción de la justicia. Además, se ha mencionado la posibilidad de que Gómez esté tramitando la doble nacionalidad en República Dominicana, país con el que España no tiene un tratado de extradición.
Las citaciones de Murtra y Varo son vistas como un paso significativo en la investigación, ya que ambos tienen un conocimiento directo de las operaciones de Telefónica y su relación con la cátedra. La comparecencia de estos testigos podría arrojar luz sobre las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias que rodean a Begoña Gómez y su gestión en la UCM.
El caso ha generado un gran interés mediático y político, dado el perfil de los implicados y la relevancia de las instituciones involucradas. La investigación continúa su curso, y se espera que las próximas declaraciones aporten más claridad sobre los hechos y las posibles responsabilidades de los involucrados.