La reciente declaración de la empresaria Carmen Pano ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha arrojado luz sobre las circunstancias que rodean las entregas de dinero en efectivo vinculadas al caso de fraude de hidrocarburos. En su testimonio, Pano confirmó que realizó dos entregas de 45.000 euros cada una en octubre de 2020 en la sede del PSOE, siguiendo instrucciones de Víctor de Aldama, un comisionista que se encuentra bajo investigación por su presunta implicación en la trama.
Pano explicó que, aunque no estaba segura del destino final del dinero, entendía que se trataba de un anticipo relacionado con un negocio de restauración que Aldama estaba gestionando en ese momento. La empresaria indicó que el dinero que entregó a Ferraz había sido previamente proporcionado a ella para Aldama, y que fue en su despacho donde se le solicitó que lo entregara en la sede del partido.
Durante su declaración, el fiscal Anticorrupción, Luis Pastor, indagó sobre si el dinero tenía alguna relación con la obtención de la licencia para operar en el sector de hidrocarburos de la empresa Villafuel, que está siendo investigada por fraude. Pano respondió que no tenía conocimiento de tal conexión y que, en principio, no creía que estuviera relacionado con hidrocarburos, reiterando que se trataba de un anticipo para el negocio de restauración.
En otro momento de su testimonio, Pano relató una reunión que tuvo lugar en el Ministerio de Industria en enero de 2021, a la que asistió junto a su socio Claudio Rivas y dos técnicos. En esta reunión, fueron recibidos por Koldo García, asesor de José Luis Ábalos, quien en ese momento era el ministro de Transportes. Pano describió la reunión como un encuentro formal en una sala de juntas, donde se discutieron los requisitos para la documentación necesaria para el negocio de Villafuel.
Sin embargo, la investigación del juez Pedraz ha indicado que no se derivó ninguna gestión concreta de esta reunión que pudiera facilitar la obtención del permiso que Villafuel buscaba, ya que tales licencias son competencia del Ministerio de Medio Ambiente y Transición Ecológica. Esto sugiere que, a pesar de las interacciones en el Ministerio de Industria, no hubo avances significativos en el proceso de obtención de la licencia.
El caso de fraude de hidrocarburos ha captado la atención pública debido a las implicaciones políticas y empresariales que conlleva. La trama, que involucra a varios actores en el sector, ha suscitado preocupaciones sobre la corrupción y la falta de transparencia en la gestión de licencias y permisos en el ámbito de los hidrocarburos. Las declaraciones de Pano son solo una parte de un rompecabezas más grande que continúa desarrollándose en los tribunales.
A medida que avanza la investigación, se espera que surjan más detalles sobre la relación entre los implicados y las operaciones que se llevaron a cabo. La atención se centra no solo en las acciones de los empresarios, sino también en la respuesta de las instituciones y cómo se manejan los casos de corrupción en el país. La declaración de Pano es un recordatorio de que la lucha contra la corrupción es un proceso complejo que requiere un escrutinio constante y una voluntad política firme para abordar las irregularidades que afectan a la sociedad en su conjunto.