La reciente decisión del Consell de la Generalitat Valenciana de eliminar las grabaciones de las cámaras de seguridad del Palau durante la tarde del 29 de octubre, día en que se produjo la dana, ha generado un intenso debate político. Esta acción se produce en un contexto donde la oposición, representada por PSPV y Compromís, ha solicitado acceso a estas grabaciones para esclarecer el paradero del presidente Carlos Mazón en momentos críticos de la emergencia.
La normativa que regula la conservación de estas grabaciones es clara. Según la ley orgánica 4/1997, las imágenes deben ser destruidas en un plazo máximo de un mes, a menos que estén relacionadas con investigaciones judiciales o infracciones graves. Sin embargo, un informe de la comisaria encargada de la seguridad del Palau ha revelado que, en la actualidad, las grabaciones solo se conservan durante quince días. Esta reducción en el tiempo de conservación ha suscitado críticas por parte de la oposición, que ve en esta medida un intento de ocultar información.
La portavoz del Consell, en una rueda de prensa posterior al pleno del Ejecutivo, defendió la decisión de eliminar las grabaciones, argumentando que se ha cumplido con lo estipulado en la ley. Sin embargo, esta justificación no ha convencido a los líderes de la oposición, quienes han expresado su preocupación por la falta de transparencia en la gestión de la crisis provocada por la dana.
El presidente Mazón ha intentado reforzar su posición tras la controversia, argumentando que su gestión durante la emergencia ha sido adecuada. Sin embargo, la oposición ha criticado la falta de información sobre su agenda y movimientos durante las horas críticas, lo que ha llevado a acusaciones de opacidad. La Generalitat, por su parte, ha defendido que ha proporcionado información relevante, como la fotografía de la llegada de Mazón al Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) a las 20:28 horas, en un momento en que se cuestionaba su presencia.
La situación se complica aún más al considerar que el sistema de videovigilancia del Cecopi está regulado de manera diferente, permitiendo la conservación de las grabaciones por un periodo más extenso. Esto ha llevado a la oposición a cuestionar por qué se han destruido las grabaciones del Palau mientras que otras imágenes relevantes han sido preservadas.
La controversia sobre la eliminación de las grabaciones de seguridad no solo pone de relieve la tensión política en la Comunidad Valenciana, sino que también plantea preguntas sobre la gestión de la información en situaciones de emergencia. La capacidad de los ciudadanos para acceder a información relevante durante crisis es fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de los líderes políticos.
En este contexto, la oposición ha exigido una mayor claridad sobre las decisiones tomadas por el Consell y ha instado a que se revisen las políticas de conservación de grabaciones de seguridad. La situación actual refleja un desafío para el gobierno valenciano, que debe equilibrar la necesidad de cumplir con la normativa legal y la demanda de transparencia por parte de la ciudadanía.
A medida que se desarrollan los acontecimientos, la presión sobre el Consell para que proporcione información adicional y aclare su postura sobre la gestión de la dana seguirá aumentando. La respuesta del gobierno a estas demandas podría tener un impacto significativo en la percepción pública de su capacidad para manejar crisis y su compromiso con la transparencia.