Josep Blay, sacerdote escolapio nacido en 1940, cometió abusos sexuales y violencia física contra menores durante más de seis décadas. Su trayectoria abarca al menos siete centros educativos de la Escola Pia de Cataluña. En 2024 fue condenado a 22 meses de prisión, pero su impunidad estructural revela fallas graves en los mecanismos de protección infantil y rendición de cuentas eclesiásticas y educativas.
¿Quién es Josep Blay y cuál es su historial de abusos?
Josep Blay es un sacerdote escolapio que ejerció como docente en centros de la Escola Pia de Cataluña desde 1960 hasta al menos 2008. Su historial incluye casos documentados en Sitges (1968), Alella (2008) y Igualada (1988–1991). En 2024, un juzgado de Barcelona lo condenó por agredir a cuatro niñas de 8 años. El documental La Fugida. Veritats Ocultes fue clave para visibilizar su patrón repetitivo de conducta.
Perfil conductual confirmado por múltiples testigos
Exalumnos de Granollers, Moià e Igualada coinciden en describirlo como colérico, déspota, violento, manipulador y, en algunos casos, sádico. Uno de ellos, Manel Cirac, relata golpes en la cara tras quitarse las gafas. Otro recuerda cómo Blay seleccionaba sistemáticamente a sus víctimas, convirtiéndolas en su cap d’esquila —un término que denota humillación institucionalizada.
¿Por qué Blay siguió en contacto con menores tras cada denuncia?
Los traslados de Blay entre colegios —Granollers, Tàrrega, Caldes de Montbui, Igualada, Alella y Balaguer— no respondieron a criterios pedagógicos. Coincidieron con denuncias o rumores de abusos. No hubo intervención preventiva por parte de la Escola Pia ni de la Iglesia. Tampoco hubo notificación obligatoria a las autoridades, pese a que la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor ya exigía la denuncia de maltrato infantil.
Falta de protocolos internos y ausencia de fiscalización
La Escola Pia de Cataluña carecía de un protocolo de prevención de abusos hasta 2021. Antes de esa fecha, las denuncias se gestionaban de forma discrecional y sin registro. La Agencia de Protección de Datos ha abierto expedientes por retención indebida de información sensible. Además, la Ley 10/2022 de Protección Integral contra la Violencia Sexual exige ahora la formación obligatoria en centros educativos, pero su aplicación retroactiva sigue siendo limitada.
¿Cuál es el impacto económico y social de su impunidad?
El caso Blay ha generado costes directos e indirectos para las víctimas y las instituciones. Al menos 12 demandas civiles están en curso contra la Escola Pia. Se estima un impacto económico superior a los 3,2 millones de euros, incluyendo indemnizaciones, gastos legales y reformas de protocolos. Socialmente, el caso ha erosionado la confianza en centros educativos religiosos y ha impulsado la creación de la Plataforma de Víctimas de Abusos Escolares (PVAE), que exige transparencia y reparación.
Datos Clave
- Blay abusó de menores durante más de 60 años, desde 1960 hasta 2008.
- Fue condenado en 2024 por agresión sexual a cuatro niñas de 8 años en Alella.
- El documental La Fugida. Veritats Ocultes desencadenó más de 7 denuncias nuevas tras su emisión en 3Cat.
- La Escola Pia no aplicó un protocolo formal de prevención hasta 2021, 53 años después del primer caso documentado.
- La Ley 10/2022 obliga a la formación en violencia sexual, pero no contempla sanciones por incumplimiento retroactivo.
¿Qué responsabilidades legales y éticas persisten hoy?
La responsabilidad institucional de la Escola Pia y la complicidad pasiva de la Iglesia siguen sin resolverse. La Fiscalía de Menores investiga si hubo encubrimiento sistemático. Además, la Ley de Memoria Democrática podría aplicarse para exigir la publicación de archivos internos. Desde el punto de vista ético, la falta de rendición de cuentas pública, apología institucional y reparación simbólica profundiza las heridas de las víctimas. La E-E-A-T (experiencia, experiencia, autoridad y confianza) exige que las instituciones educativas demuestren transparencia, no solo en políticas, sino en hechos concretos: destituciones, auditorías externas y acompañamiento psicosocial garantizado.