El apagón nacional del 28 de abril de 2025 no fue un evento aislado. Fue el punto crítico de una cadena de advertencias técnicas ignoradas durante meses. Técnicos de Red Eléctrica de España (REE) y operadores de grandes eléctricas detectaron oscilaciones de tensión extremas desde enero de 2025. Las grabaciones filtradas confirman que el sistema eléctrico estaba en estado de alerta previo al colapso.
¿Qué señales técnicas anticiparon el apagón nacional?
Los registros de llamadas entre centros de control revelan una escalada de inestabilidad. El 31 de enero de 2025, tres meses antes del fallo, un técnico de REE calificó una fluctuación como una “oscilación muy muy bestia”. La causa principal identificada fue la variabilidad de la generación fotovoltaica. Las plantas solares, al desconectarse o reducir su aporte de forma abrupta, generaron picos de desequilibrio.
La falta de inercia del sistema eléctrico
El 7 de abril, tres semanas antes del apagón, las conversaciones entre REE y centros de control de Sevilla evidenciaron un “problemón con las tensiones”. Los técnicos vincularon el riesgo con la reducción de generación síncrona, es decir, la caída de centrales de gas natural y nucleares, que aportan estabilidad física al sistema. Sin inercia, el sistema no absorbe perturbaciones.
¿Por qué falló la gestión de riesgos ante las advertencias?
A pesar de múltiples alertas, no se activaron protocolos de contingencia obligatorios. La Ley 24/2013 del Sector Eléctrico exige que el operador del sistema (REE) garantice la seguridad del suministro mediante planes de respuesta ante eventos críticos. Las grabaciones muestran que se identificó el riesgo, pero no se ejecutaron medidas correctivas como la restricción temporal de generación distribuida o la activación de reservas de inercia sintética.
Falta de coordinación entre operadores
Las comunicaciones entre REE y distribuidoras evidencian una fragmentación operativa. No hubo un canal unificado de toma de decisiones. El Real Decreto 1434/2022, que regula la seguridad del sistema, exige coordinación en tiempo real. Las llamadas muestran que los operadores actuaron de forma reactiva, no preventiva.
¿Qué responsabilidades legales derivan del apagón?
La Comisión de Investigación del Congreso analiza si hubo incumplimiento de deberes por parte de REE y las eléctricas. El Código Penal tipifica como delito contra la seguridad pública la omisión grave de medidas de prevención en infraestructuras críticas. Además, la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas (Ley 8/2021) obliga a los operadores a implementar planes de resiliencia certificados por el Ministerio de Transición Ecológica.
Impacto económico del colapso
El apagón afectó a más de 23 millones de consumidores. Se estiman pérdidas superiores a 1.200 millones de euros, según datos del Banco de España. Sectores como la industria manufacturera, la logística y los centros de datos sufrieron paradas forzadas. El Fondo de Garantía del Suministro Eléctrico no cubre daños indirectos, dejando a las pymes sin compensación.
¿Qué cambios regulatorios se esperan tras el apagón?
El Gobierno ha anunciado una reforma urgente del Reglamento de Seguridad del Sistema Eléctrico. Entre las propuestas está la obligatoriedad de inercia mínima garantizada, la auditoría anual de los sistemas de control de generación distribuida y la creación de una Unidad de Alerta Temprana bajo supervisión del CNMC.
Datos Clave
- Las primeras advertencias técnicas se registraron el 31 de enero de 2025, tres meses antes del apagón.
- El 7 de abril, técnicos de REE y distribuidoras confirmaron que “estamos así en toda España”.
- La falta de inercia síncrona fue identificada como factor crítico por múltiples operadores.
- El apagón provocó pérdidas económicas superiores a 1.200 millones de euros.
- La Ley 8/2021 y el Real Decreto 1434/2022 establecen obligaciones no cumplidas en la gestión del riesgo.
- La Comisión de Investigación del Congreso evalúa posibles responsabilidades penales y administrativas.