Víctor de Aldama, comisionista clave en el caso Koldo, declaró como acusado ante el Tribunal Supremo el 29 de abril de 2026. Su testimonio vincula directamente a empresas constructoras, al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García con pagos en efectivo por adjudicaciones en el Ministerio de Transportes. Revela un sistema estructurado de intermediación ilícita, financiación encubierta y presunta transferencia de fondos al PSOE con conocimiento del presidente Pedro Sánchez.
¿Quién es Víctor de Aldama y cuál es su rol en el caso Koldo?
De Aldama se presenta ante el tribunal como un nexo operativo, no como un beneficiario final. Actuó como intermediario entre constructoras como Levantina y Azvi, y el entorno del exministro Ábalos. Su función no era gestionar contratos, sino canalizar pagos en efectivo a cambio de influencia en licitaciones públicas.
No tenía cargo público ni relación formal con el Ministerio. Su poder residía en el acceso directo: entregaba dinero tanto en las oficinas del Ministerio como en la residencia privada de Ábalos, ubicada en el barrio madrileño de El Viso.
El modus operandi: mochilas, sobres y certificaciones
Aldama usaba una mochila exclusivamente para transportar efectivo. En una ocasión, entregó 250.000 euros en un solo viaje. Los pagos no eran esporádicos: él mismo los calificó como una «ruleta», indicando su carácter repetitivo y sistémico.
Cuando las constructoras dejaron de pagar al contado —porque sus ingresos dependían de las certificaciones de obra—, Aldama comenzó a adelantar fondos de su propio bolsillo. Esto revela una escalada de riesgo y una dependencia financiera del esquema.
¿Cómo se financiaba el Partido Socialista según su versión?
Aldama afirmó que Koldo García le indicó que parte del dinero entregado tenía como destino final al Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Añadió que entendía que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía conocimiento de estas transferencias.
Esta afirmación no está corroborada por pruebas documentales en esta fase del juicio. Sin embargo, su inclusión en la declaración tiene impacto político inmediato. El PSOE ha negado categóricamente cualquier vinculación con financiación ilegal.
La frase clave: «Yo le digo que yo doy, pero que ellos también me tienen que dar»
Esta frase sintetiza la lógica de intercambio que describe Aldama. No se trata de una donación unilateral, sino de un acuerdo triangular: constructoras pagan → Aldama canaliza → Ábalos y García otorgan influencia → el PSOE recibe fondos.
Su motivación declarada no era ideológica, sino personal: buscar notoriedad y más poder para expandir sus negocios privados.
¿Qué marco legal regula este tipo de conductas?
El Código Penal español castiga la cohecho (art. 419), el tráfico de influencias (art. 428) y la financiación ilegal de partidos políticos (Ley Orgánica 8/2007). Las entregas en efectivo superiores a 100.000 euros están prohibidas para partidos desde 2015.
Además, la Ley de Contratos del Sector Público exige transparencia absoluta en licitaciones. Cualquier intermediación no declarada para influir en adjudicaciones constituye delito contra la administración pública.
Impacto económico del caso Koldo
Las empresas citadas —Levantina, Azvi y otras bajo investigación en la Audiencia Nacional— han obtenido contratos por más de 1.200 millones de euros en infraestructuras desde 2020. Si se confirma la vinculación entre pagos y adjudicaciones, podrían activarse cláusulas de rescisión, multas millonarias y exclusiones de licitaciones por hasta 5 años.
El sector de la construcción español enfrenta ya una desaceleración del 4,2% en 2026 (INE). Este caso agrava la incertidumbre regulatoria y afecta la confianza inversora.
¿Qué datos clave deben retenerse del testimonio?
- Aldama actuó como nexo ilícito, no como funcionario ni representante legal.
- Las entregas de efectivo eran continuas y sistémicas, no aisladas.
- Usó una mochila específica para transportar hasta 250.000 euros en una sola ocasión.
- El dinero iba tanto al Ministerio de Transportes como a la vivienda privada de Ábalos.
- Afirmó que el PSOE recibía fondos con conocimiento de Pedro Sánchez, según lo dicho por Koldo García.
- Cuando las constructoras no pudieron pagar al contado, Aldama adelantó dinero de su patrimonio.
Contexto actual: un juicio con efectos sistémicos
El caso Koldo no es un episodio aislado. Forma parte de una ola de investigaciones sobre corrupción en contratación pública que ha afectado a 17 ministerios desde 2023. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto 42 diligencias relacionadas con intermediarios en licitaciones.
La sentencia, prevista para finales de 2026, podría sentar jurisprudencia sobre la responsabilidad penal de los intermediarios no institucionales, ampliando el alcance del tráfico de influencias más allá de los cargos públicos directos.