La Policía Nacional y la Policía Local de Sant Llorenç des Cardassar clausuraron un restaurante en Cala Millor tras detectar explotación laboral, viviendas infravivientes, jornadas ilegales y graves fallos higiénicos. Quince trabajadores vivían hacinados en condiciones inhumanas. Tres carecían de permiso de trabajo. Doce estaban dados de alta a media jornada, pero trabajaban 13 horas diarias, siete días a la semana. Las autoridades impusieron cierre inmediato y plazo de 10 días para subsanar deficiencias.
¿Qué tipo de explotación laboral se detectó en el restaurante?
Los inspectores de Trabajo y Seguridad Social constataron fraude en la contratación. Doce empleados figuraban como trabajadores a media jornada, pero sus turnos reales equivalían a jornada completa extendida. No tenían días libres ni descansos mínimos. No se respetaba el máximo legal de 40 horas semanales ni el descanso mínimo semanal de 36 horas consecutivas.
Trabajadores irregulares y ausencia de derechos
Tres empleados carecían de permiso de residencia y trabajo en España. Su situación los hacía especialmente vulnerables. No tenían acceso a la Seguridad Social ni a prestaciones por accidente o enfermedad. La empresa no cumplía con la obligación de verificación de documentos laborales.
¿Cuáles fueron las infracciones sanitarias más graves?
Los inspectores de Sanidad identificaron múltiples incumplimientos del Reglamento (CE) 852/2004 sobre higiene alimentaria. La cadena de frío estaba rota: alimentos perecederos se almacenaban a temperaturas inadecuadas. No había separación física entre zonas crudas y cocinadas. Los trabajadores manipulaban alimentos sin lavado de manos obligatorio, sin equipos de protección individual y con ropa no reglamentaria.
Cocina y vivienda: un peligro sanitario conjunto
Las habitaciones de los empleados estaban adosadas directamente a la cocina y a los almacenes. No había ventilación ni aislamiento acústico ni térmico. La acumulación de basura, humedad y plagas era evidente. Esta mezcla de espacios residenciales y productivos viola el Real Decreto 1093/2010, que prohíbe la coexistencia de viviendas no autorizadas en locales comerciales.
¿Qué dice la ley sobre las viviendas laborales en Mallorca?
Los inspectores de Vivienda del Govern de les Illes Balears certificaron que las nueve habitaciones carecían de salubridad mínima, iluminación natural, ventilación adecuada, instalaciones sanitarias independientes y acceso a agua potable. Esto contraviene la Ley 1/2013 de Vivienda de las Illes Balears, que exige condiciones dignas para alojamientos vinculados a empleo.
Falta de licencia de actividad y responsabilidad empresarial
El establecimiento operaba sin licencia de apertura adaptada a vivienda laboral. La empresa no había solicitado ni obtenido la autorización previa del Ayuntamiento ni del Govern. La responsabilidad es solidaria y directa: el titular del negocio responde ante las infracciones, incluso si subcontrata servicios.
¿Cuál es el impacto económico y social de estos casos?
Este caso no es aislado. En 2025, la Inspección de Trabajo sancionó a 212 empresas turísticas en Baleares por fraude en la contratación. El fraude laboral reduce la base de cotización a la Seguridad Social y distorsiona la competencia leal. Empresas que cumplen pagan hasta un 30 % más en costes laborales que las que evaden obligaciones. Además, los trabajadores afectados generan costes ocultos para el sistema sanitario y social.
Datos Clave
- 15 trabajadores afectados: 3 en situación irregular y 12 con contrato fraudulento
- Jornadas reales de 13 horas diarias, 7 días/semana, sin descanso mínimo
- 9 habitaciones sin condiciones mínimas de habitabilidad, según normativa balear
- Cierre inmediato por riesgo sanitario grave y plazo de 10 días para subsanar
- Actas de sanción por incumplimiento de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social y el Código Alimentario Español
El caso refleja una tensión estructural en el turismo balear: alta demanda estacional, escasez de vivienda asequible y presión sobre los costes operativos. La clausura no es solo punitiva: es una medida preventiva para evitar brotes alimentarios y garantizar derechos laborales básicos. Las autoridades han anunciado operativos coordinados en Cala Ratjada y Sa Coma para los próximos tres meses.