La situación de los menores migrantes no acompañados en Canarias ha cobrado una relevancia significativa en el ámbito político y social. Recientemente, el Gobierno de Canarias ha comenzado a implementar un nuevo real decreto que establece la capacidad ordinaria de acogida para cada comunidad autónoma, así como la situación de contingencia migratoria en aquellas regiones que superan su capacidad de recursos. Esta medida busca abordar la creciente presión migratoria que enfrenta el archipiélago, pero también ha generado incertidumbre sobre su aplicación y efectividad.
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha manifestado su preocupación respecto a la falta de claridad en el acuerdo alcanzado con el Estado. A pesar de que se ha aprobado el real decreto, Delgado ha señalado que hasta que no se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), no se podrá conocer la letra pequeña del acuerdo ni si habrá cambios respecto al borrador inicial. La consejera ha enfatizado la necesidad de que el cumplimiento de esta medida no se vea afectado por la oposición de comunidades como Madrid, que ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo en contra de los traslados de menores migrantes.
### La Migración como Cuestión de Estado
El Gobierno canario ha defendido en múltiples ocasiones que la migración es una cuestión que trasciende las fronteras de las comunidades autónomas y que debe ser abordada como un asunto de Estado. En este sentido, ha resaltado la importancia de que todas las comunidades asuman su responsabilidad en el acogimiento de menores migrantes. La financiación asociada a este proceso, que asciende a cien millones de euros, está destinada a cubrir los traslados y los gastos de acogida durante los primeros tres meses. Sin embargo, muchas comunidades han expresado que esta cantidad no es suficiente para afrontar la situación actual.
Delgado ha subrayado que, aunque se realiza un reparto económico para cubrir el año en curso, es fundamental que las comunidades se preparen para asumir un incremento en el número de plazas de acogida. La consejera ha instado a las regiones a actuar con responsabilidad y a no esperar a que se presenten situaciones críticas para abrir centros de emergencia, como ha hecho Canarias en el pasado, cuando ha recibido hasta 100 niños al día.
La colaboración de comunidades como el País Vasco y Cataluña ha sido destacada por el Gobierno canario, ya que estas regiones, a pesar de no estar incluidas en el reparto, han ofrecido plazas de acogida para menores trasladados desde Canarias. Esta solidaridad interterritorial es crucial para gestionar la crisis migratoria de manera efectiva y garantizar que los menores reciban la atención y el apoyo que necesitan.
### Retos en la Implementación del Real Decreto
La implementación del nuevo real decreto enfrenta varios retos. Uno de los principales es la falta de recursos y la resistencia de algunas comunidades a aceptar la llegada de menores migrantes. La consejera ha advertido que la presión migratoria no solo afecta a Canarias, sino que también puede impactar a otras regiones fronterizas de la Península. Por ello, ha instado a que se considere la reforma del artículo 35 de la Ley de extranjería como un beneficio para todas las comunidades, no solo para el archipiélago.
El Gobierno canario ha presentado hasta tres recursos ante el Tribunal Supremo, uno de los cuales cuestiona la falta de financiación adecuada para afrontar la acogida de menores migrantes. La situación es compleja y requiere una respuesta coordinada y solidaria por parte de todas las comunidades autónomas. La consejera ha hecho un llamado a la responsabilidad institucional, enfatizando que no se puede dejar en suspenso la aplicación de una norma debido a la falta de medios.
La gestión de la migración y la acogida de menores no acompañados es un desafío que requiere un enfoque integral y colaborativo. La situación actual en Canarias pone de manifiesto la necesidad de un compromiso conjunto entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para garantizar que todos los menores migrantes reciban la protección y el apoyo que necesitan. La presión migratoria es un fenómeno que no se limita a un solo territorio, y su gestión debe ser vista como una responsabilidad compartida que requiere la colaboración de todos los actores involucrados.