El próximo domingo, Ecuador se enfrenta a un referendo crucial que podría redefinir su política interna y su relación con el extranjero. Con la participación de aproximadamente 13 millones de ciudadanos, el conservador presidente Daniel Noboa busca obtener un respaldo popular para cuatro propuestas que prometen transformar la estructura política y social del país. En un contexto marcado por la violencia y el narcotráfico, la consulta popular se presenta como una oportunidad para alinear a Ecuador más estrechamente con la política estadounidense en América Latina.
La primera pregunta del referendo se centra en la eliminación de una prohibición constitucional que impide la instalación de bases militares extranjeras en el territorio ecuatoriano. Esta prohibición, vigente desde 2008, fue establecida por el entonces presidente Rafael Correa, quien proclamó a Ecuador como «un territorio de paz». Sin embargo, Noboa argumenta que la cooperación internacional es esencial para combatir el narcotráfico, que ha alcanzado niveles alarmantes en el país, con 4,500 homicidios reportados en el primer semestre de 2025, el más violento en la historia ecuatoriana.
La propuesta de Noboa ha encontrado oposición en sectores de la sociedad ecuatoriana, incluyendo a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y diversas agrupaciones de izquierda, que han instado a votar por el «no». Estos grupos advierten que la reintroducción de fuerzas militares estadounidenses podría comprometer la soberanía del país y tener repercusiones en la región, especialmente en un momento en que la intervención militar en Venezuela es un tema candente. La reciente declaración del secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, sobre la «Operación Lanza del Sur» para combatir el narcotráfico en América Latina ha intensificado estos temores.
Además de la cuestión de las bases militares, el referendo incluye otras propuestas significativas. Una de ellas busca reformar la ley de partidos políticos, eliminando el financiamiento público para las campañas electorales y permitiendo que las formaciones políticas solo reciban fondos de sus afiliados y simpatizantes. Esta medida ha generado un debate sobre la viabilidad de los partidos más pequeños y su capacidad para competir en un entorno electoral cada vez más desigual.
Otra de las propuestas ambiciosas es la reducción del número de miembros de la Asamblea Nacional, que pasaría de 151 a 73. Noboa sostiene que esta medida es necesaria para hacer más eficiente el proceso legislativo y responder de manera más ágil a las crisis que enfrenta el país. Sin embargo, los críticos argumentan que esta reducción podría limitar la representación de diversas voces en el parlamento.
La cuarta pregunta del referendo plantea la convocatoria a una Asamblea Constituyente, que tendría la tarea de redactar una nueva Constitución. Noboa ha expresado que la actual Constitución es restrictiva y no responde a las necesidades del país en el contexto actual. La nueva asamblea se encargaría de abordar temas fundamentales como los derechos humanos, la organización del Estado, la economía, la justicia y el medio ambiente. Si se aprueba, el Consejo Nacional Electoral tendría 90 días para organizar las elecciones de los 80 asambleístas constituyentes, quienes tendrían un plazo de 180 días, prorrogables por 60 más, para presentar un nuevo texto constitucional.
El gobierno de Noboa ha vinculado la necesidad de una nueva Constitución con la crisis de seguridad que azota al país. Aseguran que una nueva carta magna proporcionaría herramientas más efectivas para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. En este sentido, Noboa ha tomado inspiración del enfoque del presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien ha implementado políticas de mano dura contra el crimen, incluyendo la construcción de una prisión de máxima seguridad.
La situación en Ecuador es compleja y multifacética. La violencia relacionada con el narcotráfico ha llevado a la población a demandar soluciones urgentes, mientras que la propuesta de Noboa de permitir bases militares extranjeras ha generado un intenso debate sobre la soberanía nacional. La consulta popular del domingo no solo determinará el futuro inmediato de la política ecuatoriana, sino que también podría tener implicaciones significativas para la región en su conjunto.
A medida que se acerca la fecha del referendo, la atención se centra en cómo responderá la ciudadanía a estas propuestas. La polarización política y social en Ecuador es evidente, y el resultado de la consulta podría marcar un punto de inflexión en la historia del país. La combinación de la violencia, la influencia extranjera y la necesidad de reformas internas plantea un escenario desafiante para el futuro de Ecuador, donde la búsqueda de seguridad y estabilidad se enfrenta a la defensa de la soberanía y la autodeterminación.