Amnistía Internacional ha documentado una limpieza étnica sistemática contra comunidades beduinas y pastoriles en el Área C de Cisjordania ocupada. El informe revela desplazamientos forzados, destrucción de viviendas, robo de rebaños y quema de mezquitas. Todo ello ocurre bajo la mirada pasiva de las fuerzas israelíes y con financiación indirecta desde Europa. La impunidad es total.
¿Qué es el Área C y por qué es clave en la limpieza étnica?
El Área C representa el 60 % del territorio de Cisjordania. Está bajo control militar y civil israelí total. Allí viven unas 300.000 personas palestinas, muchas en comunidades nómadas o seminómadas. La ocupación israelí impide su acceso a permisos de construcción, agua, electricidad y servicios básicos.
El control territorial como herramienta de expulsión
Israel clasifica miles de hectáreas como «terrenos estatales» o «zonas militares cerradas». Esto permite demoler viviendas sin previo aviso. En 2025, OCHA registró 1.247 estructuras demolidas en el Área C. El 92 % eran viviendas o instalaciones agrícolas palestinas.
¿Cómo operan los colonos y qué rol tiene el Estado israelí?
Los colonos actúan con impunidad estructural. Sus ataques incluyen: robo de ovejas, incendios intencionados, agresiones físicas y talas de olivos centenarios. Soldados israelíes suelen observar sin intervenir. En algunos casos, los acompañan o los protegen.
El respaldo institucional al proyecto colonial
El informe de Amnistía señala que el Estado israelí no solo tolera la violencia. La financia, la legaliza y la expande. Las autoridades otorgan permisos de construcción a asentamientos ilegales bajo el derecho internacional, mientras niegan los mismos a palestinos. Esto constituye una violación grave del Cuarto Convenio de Ginebra.
¿Qué responsabilidad tienen los gobiernos europeos?
Alemania, Reino Unido y Francia son algunos de los países cuyas empresas exportan maquinaria, tecnología y materiales usados en la construcción de asentamientos. También financian fondos de inversión vinculados a empresas que operan en territorios ocupados.
La complicidad económica
Amnistía denuncia que estas actividades violan las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. La Unión Europea ha emitido advertencias, pero no aplica sanciones reales. Agnès Callamard calificó esta inacción como «cómplice de crímenes de guerra«.
¿Qué dice el marco legal internacional?
El derecho internacional considera la transferencia de población civil de una potencia ocupante a territorio ocupado como un crimen de guerra (Artículo 8 del Estatuto de Roma). La Corte Penal Internacional (CPI) abrió una investigación en 2021. En 2025, emitió órdenes de arresto contra funcionarios israelíes por crímenes en Cisjordania.
Datos Clave
- El Área C concentra el 90 % de los desplazamientos forzados en Cisjordania desde 2020.
- Más del 70 % de los ataques de colonos en 2025 no fueron investigados por las autoridades israelíes.
- Las comunidades beduinas de Jabal al-Baba y Masafer Yatta han sufrido 14 operaciones de desalojo masivo desde 2022.
- La ONU estima que 12.000 palestinos podrían ser desplazados forzosamente en 2026 si se ejecutan los planes de demolición pendientes.
- La Unión Europea destina 120 millones de euros anuales a cooperación humanitaria en Cisjordania, pero menos del 5 % va a comunidades del Área C.
El impacto económico es profundo. La destrucción de rebaños y tierras agrícolas ha reducido en un 65 % los ingresos familiares en zonas afectadas. La pérdida de olivos centenarios —activos productivos por más de 100 años— representa un daño intergeneracional. Legalmente, la ocupación israelí carece de reconocimiento internacional. Prácticamente, se sostiene con apoyo logístico, financiero y diplomático externo. Sin presión real, la limpieza étnica seguirá avanzando bajo el disfraz de «orden público» y «seguridad nacional».