España activará en las próximas semanas el mercado de capacidad, un mecanismo clave para evitar apagones masivos y reforzar la seguridad del suministro eléctrico. La Comisión Europea ha dado su visto bueno definitivo tras más de un año de evaluación. El sistema financiará a generadores que garanticen electricidad firme en momentos críticos. Los costes recaerán en los consumidores a través de la factura de la luz.
¿Qué son los mercados de capacidad y por qué se necesitan?
Los mercados de capacidad son mecanismos regulados que remuneran a plantas generadoras por mantener capacidad disponible, aunque no produzcan continuamente. No sustituyen al mercado eléctrico ordinario, sino que lo complementan. Su objetivo es asegurar que haya suficiente energía firme para cubrir picos de demanda o fallos imprevistos.
Este sistema responde a una necesidad crítica: la creciente dependencia de fuentes intermitentes como la eólica y la solar. Sin respaldo firme, el sistema pierde resiliencia. El apagón del 28 de abril de 2026 evidenció esa vulnerabilidad. Aunque no fue catastrófico, sí expuso grietas en la gestión de la seguridad del suministro.
¿Cómo se financian los pagos a las empresas?
Los ingresos provienen de un cargo específico en la factura eléctrica. Se calcula mediante subastas competitivas. Las empresas ofertan su capacidad disponible a un precio. El sistema selecciona las ofertas más eficientes hasta cubrir el volumen requerido por el operador del sistema (Red Eléctrica de España). El coste se distribuye entre todos los consumidores finales.
¿Cuál es el marco legal y el estado actual de la implementación?
El Gobierno español presentó la propuesta en 2023. En diciembre de 2024 abrió la audiencia pública para la orden ministerial que regula el mercado. Sin embargo, la norma aún no está aprobada. Los retrasos se deben a ajustes técnicos, exigencias de la Comisión Europea y coordinación interministerial.
La autorización comunitaria es condición sine qua non. Bruselas exigió garantías de no distorsión de la competencia y compatibilidad con la Directiva 2019/944 sobre mercados eléctricos. El hecho de que Teresa Ribera no haya intervenido evita conflictos de interés, dado su anterior cargo en el Gobierno español.
¿Qué empresas pueden participar?
Pueden ofertar centrales de ciclo combinado, hidroeléctricas con bombeo, baterías de gran escala, y futuras tecnologías de almacenamiento o generación firme. No se admiten instalaciones que no puedan garantizar disponibilidad en menos de 30 minutos. Se excluyen los proyectos sin licencia ambiental definitiva o sin conexión a la red certificada.
¿Cuál es el impacto económico real para los consumidores y el sector?
El coste estimado del primer ciclo de subastas ronda los 500 millones de euros anuales, según fuentes del Ministerio. Eso supone un incremento medio de entre 0,8 y 1,2 €/mes en la factura de un consumidor doméstico medio. Para el sector industrial, el impacto será proporcional al consumo y a su perfil de demanda.
Sin embargo, el ahorro potencial es mayor: evitar un solo apagón nacional de 2 horas podría reducir pérdidas económicas superiores a los 1.200 millones de euros, según cálculos del Banco de España. Además, el mecanismo incentiva la inversión en flexibilidad, acelerando la transición energética sin comprometer la estabilidad.
¿Qué datos clave debes conocer sobre el mercado de capacidad?
- La autorización definitiva de la Comisión Europea se hará pública este mes de mayo de 2026.
- El primer ciclo de subastas está previsto para octubre de 2026, con entrada en vigor operativa en enero de 2027.
- El mecanismo está alineado con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021–2030.
- Las ayudas se otorgan por capacidad garantizada, no por energía efectivamente inyectada.
- El operador del sistema (Red Eléctrica de España) gestionará las subastas y verificará la disponibilidad real.
El mercado de capacidad no es una solución a corto plazo, sino una pieza estructural del nuevo sistema eléctrico. Su éxito dependerá de la transparencia en las subastas, la claridad regulatoria y la capacidad de integrar tecnologías emergentes. En un contexto de reto demográfico y descarbonización acelerada, garantizar la continuidad del suministro ya no es un tema técnico: es una condición previa para la competitividad y la cohesión social.