El 28 de abril de 2025, un cero eléctrico dejó a millones de personas en España y Portugal sin suministro durante horas. Un año después, no hay un responsable identificado. Los informes oficiales coinciden en que fue un evento sin precedentes, multifactorial y sistémico. La falta de coordinación, fallos en el mantenimiento de la tensión estable y la rigidez de los marcos regulatorios fueron factores clave.
¿Por qué no se ha identificado un responsable del cero eléctrico?
Ninguna de las tres entidades encargadas —el Ministerio para la Transición Ecológica, Entso-E y la CNMC— ha podido atribuir el fallo a un único agente. Cada informe apunta a interacciones complejas entre infraestructura, operación y regulación.
El informe del Ministerio fue rápido, pero genérico
Publicado en menos de dos meses, calificó el apagón como multifactorial. Destacó episodios de sobretensión, oscilaciones y desconexiones súbitas de centrales. No señaló errores humanos, fallos técnicos aislados ni responsabilidades contractuales.
Entso-E confirmó la gravedad, pero no la culpabilidad
Su informe, publicado en marzo de 2026, lo calificó como el mayor evento sin precedentes en 20 años. Subrayó la combinación de tres elementos: inestabilidad de frecuencia, dificultades para mantener la tensión estable, y cambios bruscos en la generación. No halló un fallo único ni un operador negligente.
¿Qué falló en la coordinación del sistema eléctrico?
La red ibérica depende de una sincronización precisa entre España y Portugal. El cero eléctrico expuso grietas en la coordinación operativa real-time, especialmente en la gestión de respuestas automáticas ante perturbaciones.
Falta de intercambio ágil de datos entre operadores
Los sistemas de monitoreo no compartieron alertas críticas con la velocidad necesaria. Esto retrasó las decisiones de desconexión selectiva y agravó la propagación del colapso.
Regulaciones obsoletas frente a la transición energética
Los marcos normativos no anticipan la volatilidad de las energías renovables variables. Las reglas de conexión y respuesta de parques eólicos y solares no están alineadas con los requisitos de estabilidad del sistema.
¿Cuál es el impacto económico real del apagón?
El cero eléctrico causó pérdidas estimadas en 1.200 millones de euros, según cálculos del Banco de España y la Cámara de Comercio de Barcelona. Sectores críticos como logística, salud y telecomunicaciones sufrieron interrupciones severas. Empresas con sistemas de respaldo no homologados registraron daños irreversibles en equipos.
El costo oculto: la pérdida de confianza inversora
El incidente afectó la percepción de seguridad del sistema eléctrico ibérico. Proyectos de inversión en almacenamiento de energía y redes inteligentes se retrasaron un 30 % en los primeros seis meses posteriores.
¿Qué dice la ley sobre la responsabilidad en fallos sistémicos?
El Real Decreto 1955/2000, modificado en 2023, establece que los operadores de red son responsables de la seguridad del sistema. Pero su articulado no contempla fallos por interacción transfronteriza ni por fallos en la coordinación con redes vecinas.
La brecha legal entre normativa nacional y europea
La Directiva (UE) 2019/944 exige resiliencia sistémica, pero deja a los Estados miembros la definición de mecanismos de atribución de responsabilidad. España no ha actualizado su marco sancionador para escenarios como el del 28 de abril.
Datos Clave
- El cero eléctrico del 28 de abril de 2025 fue el mayor evento sin precedentes en 20 años en Europa.
- Ningún informe oficial identificó un responsable directo: ni el Ministerio, ni Entso-E, ni la CNMC.
- El fallo se originó en la combinación de sobretensión, oscilaciones y desconexiones rápidas de generación.
- Las pérdidas económicas superaron los 1.200 millones de euros, con impacto en salud, logística y telecomunicaciones.
- El marco regulatorio español no contempla responsabilidades claras en fallos transfronterizos ni por interacción con energías renovables variables.
- Se recomienda fortalecer el monitoreo del comportamiento del sistema, la coordinación operativa y la adaptación de los marcos regulatorios.