El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una sanción firme de 3,6 millones de euros a la inmobiliaria Alquiler Seguro. La multa responde a prácticas abusivas sistemáticas contra inquilinos en toda España. La resolución, firmada por el ministro Pablo Bustinduy, cierra la vía administrativa tras desestimar el recurso de la empresa. El caso marca un precedente en la aplicación de la Ley de Vivienda y la Ley General para la Defensa de los Consumidores.
¿Qué conductas abusivas sancionó el Ministerio?
La Dirección General de Consumo identificó seis infracciones muy graves y una grave. Todas derivan de la explotación de la posición de dominio de la empresa en el mercado del alquiler digital.
Imposición de costes ilegales al inquilino
La empresa trasladó al arrendatario gastos que legalmente corresponden al propietario. Entre ellos: servicios de atención al inquilino, seguros del hogar obligatorios y cargos por reclamaciones sin causa justificada.
Inclusión de cláusulas nulas de pleno derecho
Alquiler Seguro incluyó disposiciones que permitían incluir a inquilinos en ficheros de morosos sin deuda exigible. También limitó el derecho de desistimiento en contratos digitales, vulnerando la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información.
¿Cómo se estructura la multa de 3,6 millones?
La sanción no es un monto único. Se compone de siete multas diferenciadas, cada una vinculada a una infracción específica:
- Una multa de 1.000.000 € por abuso de posición de mercado.
- Otra de 990.900 € por imposición de servicios no solicitados.
- Tres multas de 500.000 € cada una por cláusulas abusivas en contratos tipo.
- Una de 100.001 € por vulneración del derecho de información.
- Y una de 10.001 € por incumplimiento en la publicidad engañosa.
¿Qué obligaciones legales impone la resolución?
La empresa debe cumplir tres exigencias inmediatas y vinculantes:
- Eliminar todas las cláusulas abusivas de sus contratos y plataformas digitales.
- Corregir los modelos contractuales para alinearlos con la Ley de Vivienda (Ley 11/2020) y el Real Decreto Legislativo 1/2007.
- Publicar la sanción y su identidad en su web y canales oficiales durante 30 días consecutivos.
¿Cuál es el impacto económico y social del caso?
El caso afecta a más de 120.000 contratos gestionados por Alquiler Seguro entre 2023 y 2025. Su modelo de negocio se basaba en la externalización de costes legales al inquilino. Esto elevó artificialmente el precio efectivo del alquiler en hasta un 18 %, según cálculos de la OCU. Además, la sanción acelera la presión regulatoria sobre otras plataformas similares como Spotahome o Idealista Rentals.
Datos Clave
- La sanción es la más alta impuesta a una inmobiliaria digital en la historia de la Dirección General de Consumo.
- El expediente se abrió en marzo de 2025, tras denuncias de FACUA, la OCU y el Sindicato de Inquilinas.
- La empresa tiene 15 días hábiles para ejecutar las correcciones exigidas o enfrentar sanciones adicionales.
- El caso se suma a una investigación paralela por prácticas similares en contratos con propietarios.
- La multa supera en un 42 % la sanción récord anterior contra una empresa del sector: 2,5 millones a una gestora de alquileres turísticos en 2024.
El marco legal aplicado incluye la Ley de Vivienda, la Ley General de Consumidores, el Código Civil (artículos 1.255 y 1.256 sobre cláusulas abusivas) y el Reglamento (UE) 2017/2394 sobre cooperación en protección de consumidores. La resolución refuerza la doctrina del Tribunal Supremo sobre la nulidad de cláusulas que desequilibren la relación contractual. También anticipa la futura aplicación del Real Decreto sobre transparencia en plataformas digitales de alquiler, previsto para julio de 2026.