Patricia Úriz, exesposa del exasesor ministerial Koldo García, confirmó en el juicio del caso mascarillas que todos los gastos adelantados por su exmarido al PSOE entre 2018 y 2021 fueron compensados en efectivo, no mediante transferencias ni facturas. Ella misma acudió varias veces a la sede del partido en calle Ferraz, en Madrid, para recoger sobres con dinero en metálico. Este sistema operativo revela fisuras en los controles internos del partido y tensiones con la normativa de financiación política.
¿Qué reveló Patricia Úriz sobre los adelantos en efectivo al PSOE?
Úriz declaró que los pagos se hacían bajo un protocolo informal. Cuando Koldo García adelantaba gastos para el exministro José Luis Ábalos —como pensiones alimenticias o regalos—, el reembolso no pasaba por contabilidad oficial. En su lugar, Celia Rodríguez, secretaria del PSOE en Ferraz, gestionaba los sobres en efectivo. Úriz explicó que acudía a recogerlos porque a Rodríguez “no le gustaba tener el dinero en el cajón”.
Esto implica una ausencia de trazabilidad contable. Ningún comprobante bancario, ninguna factura, ningún registro contable formal. Solo sobres, llamadas telefónicas y presencia física en la sede nacional.
¿Por qué se usaba efectivo y no transferencias bancarias?
El uso de efectivo responde a una combinación de urgencia, opacidad y debilidad en los controles internos. Úriz señaló que si su exmarido perdía los tickets de gastos, “se quedaba sin cobrar”, porque en Ferraz eran “muy rígidos”. Esa rigidez no era de transparencia, sino de burocracia informal: solo se pagaba con justificante físico, y solo en metálico.
Este sistema choca frontalmente con la Ley Orgánica 8/2022 de Financiación de Partidos Políticos, que exige trazabilidad total, justificación documental y prohibición expresa de operaciones en efectivo superiores a 1.000 euros. Los pagos descritos superan ampliamente ese umbral y carecen de registro contable.
¿Qué implicaciones legales tiene el sistema de sobres en Ferraz?
La práctica descrita no es solo irregular: es potencialmente delictiva. El artículo 304 del Código Penal castiga la gestión fraudulenta de fondos públicos o partidarios, y el artículo 432 tipifica la financiación ilegal de partidos. Además, la Agencia de Protección de la Competencia y de la Regulación de los Mercados (CNMC) y la Junta Electoral Central vigilan el cumplimiento de la Ley de Financiación.
El hecho de que Úriz esté imputada en la Audiencia Nacional —en la parte de la causa aún en investigación— refuerza que estas prácticas están bajo escrutinio penal, no solo político.
¿Cuál es el impacto económico y reputacional para el PSOE?
El PSOE enfrenta un riesgo financiero y de credibilidad sin precedentes. Si se confirma que se gestionaron miles de euros en efectivo sin contabilidad, podría activarse una sanción económica por parte de la Junta Electoral Central, con multas que alcanzan hasta el 200 % del importe irregular. Además, el daño reputacional afecta su posición en las próximas elecciones generales y europeas.
Datos Clave
- Todos los adelantos de Koldo García al PSOE (2018–2021) se compensaron en efectivo, no por vía bancaria.
- Patricia Úriz acudió personalmente a la sede de calle Ferraz para recoger sobres con dinero en metálico.
- La secretaria del PSOE, Celia Rodríguez, gestionaba estos pagos sin registros contables formales.
- La práctica viola la Ley Orgánica 8/2022, que prohíbe efectivo superior a 1.000 euros sin justificación.
- Úriz está imputada en la Audiencia Nacional, lo que eleva el riesgo penal para el partido.
El caso no es solo sobre un exasesor o un exministro. Es un espejo de los mecanismos informales que persisten en la gestión financiera de partidos. Mientras no se exija contabilidad pública en tiempo real y auditorías externas obligatorias, los sobres en Ferraz seguirán siendo una sombra sobre la democracia española.