El Consejo Global para una Economía del Bien Común es una iniciativa de política económica progresista lanzada en abril de 2026 en Barcelona. Impulsada por el vicepresidente primero del Gobierno español, Carlos Cuerpo, y la economista Mariana Mazzucato, busca redefinir los objetivos del crecimiento económico. Su propósito es integrar equidad, sostenibilidad y democracia en el diseño de políticas fiscales, industriales y financieras. España asume el rol de primer país anfitrión y sede operativa inicial.
¿Qué implica un Consejo Global para una Economía del Bien Común?
Este Consejo no es un foro consultivo tradicional. Es un espacio de reflexión y propuesta con mandato explícito: transformar los cimientos del pensamiento económico dominante. Su enfoque rechaza la idea de que los mercados se autorregulan. En su lugar, propone que el Estado actúe como agente activo de creación de valor, no solo como corrector de fallas.
El Consejo integra a ministros de finanzas, economistas académicos y representantes de la sociedad civil. Su estructura busca equilibrar rigor técnico con legitimidad democrática. Cada miembro aporta experiencia práctica en reformas fiscales, transición energética o gobernanza económica.
¿Cómo redefine el rol del Estado en la economía?
Mazzucato subraya que el Estado no debe limitarse a intervenir después del daño. Debe intervenir antes: diseñando mercados, fijando metas colectivas y orientando inversiones públicas y privadas hacia objetivos compartidos. Esto implica redefinir el concepto de valor económico. No se mide solo por rentabilidad financiera, sino por su contribución a la resiliencia climática, la cohesión social y la soberanía tecnológica.
El Estado como arquitecto, no como bombero
La propuesta desafía el paradigma neoliberal que separa lo público de lo privado. En su lugar, promueve una economía de propósito, donde las políticas industriales, la inversión en I+D pública y los marcos regulatorios se alinean con metas de largo plazo. Ejemplos concretos incluyen fondos soberanos verdes, bancos públicos de transición y contratos de innovación con cláusulas de impacto social.
¿Cuál es el impacto económico real de esta iniciativa?
El Consejo no genera recursos directos. Su valor radica en la coordinación estratégica. En un contexto de inflación persistente y presión fiscal en Europa, su propuesta ofrece un marco para justificar gasto público orientado. Países como España, que lideran inversiones en energía renovable y digitalización, pueden usar sus hallazgos para defender reformas fiscales progresivas ante instituciones como la Comisión Europea o el FMI.
El impacto se mide en tres dimensiones:
- Aumento de la inversión pública en sectores con externalidades positivas (salud, educación, transición ecológica).
- Reducción de la brecha de financiación para pymes sostenibles y cooperativas.
- Fortalecimiento de la soberanía económica mediante cadenas de suministro resilientes y tecnologías de propósito público.
¿Qué marco legal y práctico lo sustenta?
La iniciativa se inscribe en el marco del Pacto Verde Europeo, la Ley de Resiliencia y los compromisos del Acuerdo de París. Sin embargo, va más allá: propone reformar los indicadores oficiales de progreso. En lugar de centrarse únicamente en el PIB, aboga por incorporar métricas como el índice de bienestar económico, la huella de desigualdad y la capacidad de adaptación climática.
Datos Clave
- El Consejo Global se lanzó formalmente el 18 de abril de 2026 en Barcelona.
- Carlos Cuerpo y Mariana Mazzucato son sus líderes fundadores.
- España es el primer país anfitrión, con sede provisional en Madrid y Barcelona.
- Participan ministros de finanzas de al menos 12 países de la UE, América Latina y África.
- Su primer informe técnico se publicará en octubre de 2026, con recomendaciones para la reforma del marco fiscal europeo.
El Consejo responde a una crisis de legitimidad del modelo económico actual. No busca reemplazar las instituciones existentes, sino reorientar sus prioridades. Su éxito dependerá de su capacidad para traducir ideas en instrumentos operativos: leyes, presupuestos y acuerdos multilaterales. La economía del bien común no es una utopía. Es un marco operativo para repensar el valor, la propiedad y la responsabilidad en el siglo XXI.