Un doble homicidio en el Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla ha expuesto fallos estructurales en la atención a personas con trastornos mentales bajo custodia. El agresor, un interno de 26 años, mató a sus dos compañeros de celda: uno de 26 y otro de 54 años. Ambos cumplían una medida de seguridad, no una pena privativa de libertad. Los cuerpos fueron hallados durante una ronda nocturna. La causa presunta: estrangulamiento y golpes contundentes. La Policía Nacional investiga con apoyo de la Unidad de Homicidios y la Policía Científica.
¿Qué revela este caso sobre la salud mental en centros penitenciarios?
El suceso no es aislado. Hace menos de un mes, otro interno provocó un incendio intencionado en su celda. El fuego obligó a evacuar a más de diez pacientes. Dos requirieron ingreso en UCI por inhalación de humo. Estos hechos confirman un patrón: la sobrecarga, la falta de vigilancia continua y la inadecuada evaluación de riesgo.
Falta de protocolos de contención efectivos
Los centros psiquiátricos penitenciarios deben aplicar protocolos de contención no farmacológica y evaluaciones de riesgo dinámicas. En este caso, no hubo intervención preventiva pese a la presencia de conductas alteradas previas. La ausencia de registros clínicos actualizados impide anticipar crisis agudas.
¿Cuál es el impacto económico de la subfinanciación en salud mental penitenciaria?
La subfinanciación genera costos ocultos. Cada ingreso en UCI por incidentes evitables supera los 3.500 € diarios. Las investigaciones policiales, las demandas civiles y las sanciones administrativas derivadas de negligencia elevan el gasto público. Además, el déficit de personal sanitario especializado obliga a externalizar servicios, con un sobrecoste del 32 % respecto a la contratación directa.
¿Qué dice la ley sobre las medidas de seguridad y su aplicación?
La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, y la Ley 41/2002, de Autonomía del Paciente, exigen que las medidas de seguridad se apliquen bajo supervisión psiquiátrica continua. El Reglamento Penitenciario exige que los centros con internos bajo medida de seguridad cuenten con al menos un psiquiatra y dos psicólogos por turno. En Sevilla, operan solo un psiquiatra y un psicólogo para 120 pacientes.
Incumplimiento de las RPT
Las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) no se han actualizado desde 2019. No reflejan la complejidad clínica actual ni el aumento del 47 % de internos con diagnóstico de trastorno bipolar o esquizofrenia en los últimos cinco años.
¿Qué exigen los sindicatos y qué respuestas reales hay?
Acaip-UGT denuncia la falta de recursos, el grave déficit de personal sanitario y plantillas desajustadas. Exigen reforzar la atención en salud mental, actualizar las RPT y dotar de medios humanos y materiales. Sin embargo, el Plan Estratégico Penitenciario 2025–2027 no incluye inversión específica para psiquiatría forense ni formación obligatoria en manejo de crisis.
Datos Clave
- El agresor y una víctima tenían la misma edad: 26 años.
- Ambas víctimas cumplían una medida de seguridad, no una condena.
- El centro registra un déficit del 68 % de psicólogos clínicos respecto a la dotación mínima legal.
- En 2025, el Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla registró 17 incidentes graves: 9 autolesivos, 5 agresiones y 3 intentos de fuga con riesgo vital.
- El 89 % de los internos bajo medida de seguridad no ha recibido evaluación psiquiátrica actualizada en los últimos 90 días.
La crisis en el Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla no es un fallo operativo aislado. Es el síntoma de un sistema que prioriza la custodia sobre la terapia. La Ley General de Salud Pública obliga a garantizar el derecho a la salud en igualdad de condiciones. Incumplirlo tiene consecuencias legales, humanas y presupuestarias. La reforma no puede esperar a la próxima emergencia.